SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0515/2013

La potestad de impartir justicia en materia ordinaria, se rige esencialmente por el principio de celeridad, contenido en el art. 180 de la Norma Suprema, que implica brindar acceso a la justicia de manera pronta, oportuna y eficaz. Este  principio, tiende a que todo acto jurisdiccional, en el que se encuentre involucrado un derecho fundamental, en este caso, la libertad, debe realizarse sin ningún tipo de dilación que implique lesión a ese bien jurídico o en su caso a otros derechos fundamentales o garantías constitucionales de las partes que intervinientes en el proceso. El citado principio es reiterado por el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), al establecer, que: “Comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia”.

Este principio, implica que el órgano jurisdiccional, está compelido a imprimir la debida celeridad en la tramitación de aquellas solicitudes vinculadas con la libertad, cuando la misma se encuentre restringida o amenazada de serlo, con la finalidad que las partes intervinientes tengan acceso efectivo a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones -art. 115.II de la CPE-. Lo contrario, significaría ocasionar que la privación de libertad se torne en indebida e ilegal.