SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0909/2013

El deber de fundamentación y motivación de toda resolución judicial o administrativa, forma parte del derecho-garantía-principio del debido proceso, consagrado en el art. 115.I de la CPE; habiendo sido desarrollado ampliamente por la jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, señalando que el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda resolución sea debidamente fundamentada; es decir, que cada autoridad que dicte una resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma. Consecuentemente, cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho, que vulnera de manera flagrante el citado derecho, que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido o lo que es lo mismo, cuál es la ratio decidendi que llevó al juez a tomar la decisión.