Los suscritos Magistrados manifiestan su voto disidente en relación a la DCP 0089/2014 de 19 de diciembre, bajo los siguientes argumentos jurídico- constitucionales:

3.       Elaborar, financiar, ejecutar y realizar el seguimiento a proyectos de agua potable en el marco de sus competencias, y cuando corresponda de manera concurrente y coordinada con el nivel central del Estado y los otros niveles autonómicos; así como coadyuvar en la asistencia técnica y planificación. Concluidos los proyectos podrán ser transferidos al operador del servicio.

Los numerales analizados serán compatibles siempre que la aplicación de la frase: “Concluidos los proyectos podrán ser transferidos al operador del servicio”, inserta en la parte final de ambos, observe lo dispuesto por el art. 20.III de la Norma Suprema, que señala: “El acceso al agua y alcantarillado constituyen derechos humanos, no son objeto de concesión ni privatización y están sujetos a régimen de licencias y registros, conforme a ley”.