SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0487/2014
Fecha: 25-Feb-2014
I.2.3. Intervención del tercero interesado
Juanito Félix Tapia García, Director Nacional a.i. del INRA, mediante informe escrito cursante de fs. 484 a 486 señaló que el proceso de saneamiento de la propiedad agraria “Puca Huasi” se encontraba ejecutoriado y que, en consecuencia, corresponderá notificar legalmente con la Resolución RACS-CH 2371/2005 a Rosa Mendivil Almanza, quien se apersonó por intermedio de sus representantes; dicha Resolución no podía ser susceptible de subsanación vía Resolución Rectificatoria por tratarse de errores de fondo y vulneración de la Ley 1465, que en su artículo único amplía el radio urbano de Monteagudo. El informe técnico legal DGS-JRV 0190/2011 de 18 de mayo, que cursa en la carpeta de saneamiento, señala expresamente que la comunidad “Puca Huasi” se encuentra con Resolución ejecutoriada, sin haber descontado la parte de superficie que se encuentra sobrepuesta al radio urbano de Monteagudo; asimismo del informe jurídico 189/2009 de 21 de diciembre, se identifica dentro del proceso de saneamiento al predio “Puca Huasi”, omisión y error en el que incurrieron los funcionarios de la Empresa Kadaster y de la Dirección Departamental de Chuquisaca, al no haber solicitado informe al municipio correspondiente de los datos planímetros del área urbana, en el polígono 163, al momento de efectuar las pericias de campo, resultando una sobreposición con el predio de “Puca Huasi” en un 32%, que a la fecha gráficamente es identificable; asimismo; la certificación CAT.081/10 de 30 de julio de 2010, que corresponde al levantamiento del lote de Rosa Mendivil Almanza, se evidencia sobreposición con el predio “Puca Huasi”. Al respecto el Decreto Supremo (DS) 29215 de 2 de agosto de 2007, señala que los procedimientos agrarios administrativos serán ejecutados sólo en el área rural. Por otro lado, el predio “Embocadura de Puca Huasi” no cuenta con datos de levantamiento de pericias de campo, empero cursa informe de evaluación técnica jurídica de 5 de abril de 2004, que sugiere la anulación del Título Ejecutorial individual 361651, cuyo expediente se encuentra signado con el número 10437, debido al incumplimiento de la función social en el predio, criterio legal emitido sin haber realizado la inspección in situ del predio, conforme a la normativa agraria.
Rosa Mendivil Almanza, en calidad de tercera interesada, mediante informe escrito cursante de fs. 571 a 574 vta., ratificado en audiencia, afirmó por intermedio de su abogado que el predio objeto de la litis fue adquirido a título oneroso de Máxima Cerezo vda. de Barja, que tenía Título Ejecutorial 361651 que fue sometido a proceso de saneamiento sin observar que se encontraba dentro del radio urbano, en el que el INRA no tiene competencia; que el art. 122 de la CPE, establece que son nulos los actos que usurpen funciones que no les competen, así como de aquellos que ejercen jurisdicción que no emana de la ley, debiéndose considerar que el art. 11 del DS 29215, dice que los procedimientos agrarios administrativos serán ejecutados solo en el área rural.
La Sala Liquidadora del Tribunal Agroambiental, pronunció la Sentencia S1a 47/2012, sustentando su fallo en la incompetencia del INRA para ejecutar saneamiento en propiedad declarada urbana mediante Ley 1465; asimismo, los derechos invocados por los accionantes son impertinentes, por un lado reconocen su derecho propietario y por otro lado acusan de violación a sus derechos a la tutela judicial efectiva, a existir libremente, a la tierra y el territorio, a la propiedad y a la consulta; el fallo, por muy breve que sea, tiene fundamentación pues lo importante es que responda de manera cabal a los requerimientos de las partes y que sea entendible.
El proceso de saneamiento fue ejecutoriado con vicios insubsanables de nulidad, incurriendo en irregularidades y violaciones flagrantes al ordenamiento jurídico agrario y al procedimiento técnico jurídico de saneamiento, sin efectuar pericias de campo para verificar el cumplimiento de la función económica social, por eso el INRA se allana; su título de propiedad no fue observado, cancelado, anulado, ni desconocido, por los accionantes, quienes, jamás tuvieron posesión, ni siquiera precaria sobre su predio, siempre trabajó y nunca hizo abandono como falsamente exponen los accionantes. Asimismo, en el momento de saneamiento, se presentó y expuso su documentación ante las autoridades del INRA, quienes le indicaron que no realizara ningún saneamiento sobre su predio; no existen las supuestas vulneraciones a los derechos fundamentales, ni de los contenidos en las convenciones y declaraciones internacionales que invocan los accionantes; además en el año 1993, no se conocía la consulta; correspondiendo, denegar la tutela.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- a)
- I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
- I.2.2. Informe de las autoridades demandadas
- I.2.3. Intervención del tercero interesado
- denegó
- II.1.
- II.3.
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- II.8.
- II.9.
- II.10.
- II.11.
- II.12.
- II.13.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- i)
- III.1.1. Las características del constitucionalismo plurinacional comunitario y descolonizador
- lo cual no supone la negación de los derechos y garantías individuales,
- la idea de que impartir justicia es solamente una ‘potestad’;
- cimentada en la descolonización
- garantizando su participación en la construcción de la institucionalidad del nuevo Estado”
- III.1.2. La interpretación del derecho a partir de los postulados de la plurinacionalidad y el pluralismo
- a) La flexibilización de los requisitos formales
- cuya tradición jurídica no reconoce las formalidades propias del sistema occidental y, en ese ámbito, deben flexibilizarse los requisitos para materializar su derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva
- b) El principio de respeto a los derechos humanos y los criterios constitucionalizados para su interpretación
- Ahora bien, debe quedar claramente establecido que los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos al mismo tiempo son derechos humanos en su dimensión colectiva y, por ende, en el marco de la igualdad jerárquica de derechos contenida en el art. 13.III de la CPE, gozan de los mismos principios y pautas de interpretación que han sido anotados precedentemente, los cuales deben ser utilizados por las autoridades y jueces de las diferentes jurisdicciones a momento de aplicar el derecho; derechos que, además, deben ser interpretados pluralmente, es decir, de acuerdo a los criterios que emanan de la propia comunidad.
- c) La interpretación plural del derecho
- entre otros artículos, se reconoce a la interculturalidad como principio de la potestad de impartir justicia
- ponderación de los derechos colectivos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos con la los derechos individuales
- interpretar el derecho de acuerdo a las normas contenidas en Tratados e Instrumentos Internacionales en materia de Derechos Humanos ratificados o a los que se hubiere adherido el Estado
- son los jueces y tribunales internos los que deben efectuar el control de convencionalidad,
- cuando un Estado es Parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, también están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados
- el principio de constitucionalidad (art. 410 de la CPE), como el de convencionalidad (arts. 13.IV y 256 de la CPE); exigen a las autoridades interpretar las normas
- Fragmento 39
- tales como los derechos establecidos por el art. 30 de la CPE, cuyos titulares son las naciones y pueblos indígena originario campesinos.
- además de derechos e intereses colectivos, derechos e intereses difusos -ambos contenidos bajo el nomen iuris ‘Derechos Colectivos’-
- este mecanismo de defensa no tiene un plazo específico de caducidad, sino que podrá ser utilizado durante el tiempo que subsista la vulneración o amenaza a los derechos
- la acción popular es el mecanismo idóneo, para la tutela de los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos
- territorialidad
- su relación con las tierras o territorios,
- lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera
- derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras
- Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión
- frente a un conflicto entre los derechos de los pueblos indígenas y la propiedad privada
- caso Sawhoyamaxa vs. Paraguay,
- Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de estas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate”
- “debidamente las
- lo que significa que, independientemente del carácter urbano o rural del territorio de las naciones y pueblos indígenas -que se reitera, se constituyen en delimitaciones ajenas a la propia cosmovisión de los pueblos indígenas- éstos deben desarrollar su cultura, historia y sus propias formas de organización social y política, ejerciendo el control sobre los recursos naturales y desarrollando todas sus instituciones
- Se garantizan los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y originarias sobre sus tierras comunitarias de origen, tomando en cuenta sus implicaciones económicas, sociales y culturales
- el respeto a los derechos de los pueblos indígenas u originarios y campesinos
- III.5. El debido proceso y sus elementos: la valoración razonable de la prueba y la motivación de las resoluciones
- Derecho a la defensa
- la exigencia de la motivación de las resoluciones
- en el caso de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, dicha garantía resulta aún más indispensable puesto que dada su especial condición, como resultado de sus características propias, condiciones económicas y sociales, sus instituciones representativas y, normas y procedimientos propios; la eventual afectación de sus derechos y garantías repercute de modo más sensible
- En lo que respecta a pueblos indígenas, es indispensable que los Estados otorguen una protección efectiva que tome en cuenta sus particularidades propias, sus características económicas y sociales, así como su situación de especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres’
- el debido proceso legal debe respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier otro procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas.
- III.5.1. La valoración razonable de la prueba.
- a menos que como resultado de esa valoración se hayan lesionado derechos y garantías constitucionales por apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad o cuando se hubiere omitido arbitrariamente valorar una prueba
- sin embargo, a partir de la jurisprudencia constitucional establecida en la SCP 0410/2013 de 27 de marzo, se concluyó que tales requisitos se constituyen en instrumentos argumentativos, más no en causales de denegatoria de la acción de amparo constitucional,
- sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador
- que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad a las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática
- implica en síntesis en el derecho de todo actor o demandante a obtener una resolución o sentencia jurídicamente fundamentada
- implica una exigencia de que el fallo judicial al que se haya arribado, sea cumplido, y en consecuencia, el litigante sea repuesto en su derecho
- III.7. Análisis del caso concreto
- III.7.1. La reconducción de la acción de amparo constitucional a un proceso de acción popular
- o Popular
- Conforme
- RA RACS-CH 2371/2005,
- 1)
- 2)
- 3) “
- 4)
- 6)
- De ello se concluye que los Magistrados demandados omitieron valorar la prueba presentada por la comunidad “Puca Huasi”, definiendo el problema planteado en el proceso contencioso administrativo sin que existan las pruebas suficientes sobre el carácter rural o urbano del predio de la demandante, afectando con su determinación, además a todo el proceso de saneamiento, por cuanto anularon la Resolución RACS-CH 2371/2005, y declararon nulo todo el proceso de saneamiento ejecutado en la comunidad “Puca Huasi”; decisión que, por una parte, excede lo solicitado por la demandante quien si bien pidió que sea declarada nula la RA RACS-CH 2371/2005; empero ún icamente solicitó que se ordenara la exclusión del proceso de saneamiento del área urbana de la comunidad Puca Huasi, así como también el ex predio Embocadura de Puca Huasi, y por otra, al anular todo el proceso de saneamiento, no toma en cuenta los derechos colectivos de la comunidad
- que decidió anular todo el proceso de saneamiento
- que se efectúe un nuevo saneamiento sobre la superficie que el INRA tiene competencia
- únicamente
- justicia plural
- denegado
- 1º REVOCAR
- 3º Exhortar