SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0847/2014

Gregorio Orosco Itamari y José Romero Soliz, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, en calidad de demandados presentaron informe escrito, cursante de fs. 79 a 80, señalando que: a) Estando el proceso en etapa de juicio, es posible que las autoridades judiciales dispongan la inspección in situ o reconstrucción en el escenario o lugar del hecho, del cual inclusive puede suscitarse la anulación de obrados, razón por la que no es posible disponer lo solicitado por el impetrante, debiendo aguardar la culminación de juicio oral; b) Por otro lado, anteriormente ya fue planteado el incidente de devolución de vehículo y desprecintado del bien inmueble, la que fue resuelto por la autoridad judicial; por consiguiente, dicho acto procesal constituye un impedimento legal para promover una nueva pretensión con el mismo objeto, conforme estipula el art. 315 del CPP; c) No existe vulneración de los derechos a la seguridad jurídica, al debido proceso ni a la propiedad privada y menos existe sustento legal para pedir la tutela de los mismos; y, d) La seguridad jurídica y el debido proceso, por tener categoría de principios no son tutelables vía acción de amparo constitucional.

Gonzalo Jaime Burgoa y Jhanette Doris Osorio Vargas, en calidad de terceros interesados, mediante su abogado defensor, señalaron que: a) El memorial presentado junto a la Resolución “338/2011” (sic), fue firmado por Rosmery Rocha Martínez de Laime y Víctor Otto Laime Veizan, en cuya suma se pide incidente de devolución de vehículo y desprecintado y entrega de inmueble; sin embargo, la presente demanda no fue suscrita por la prenombrada ciudadana y menos existe el poder de representación para actuar a nombre de ella, en ese sentido, primeramente debió estar plenamente acreditado el derecho propietario del vehículo o bien demostrar si el mismo corresponde a ambos; por consiguiente, el demandante carece de legitimación pasiva; b) Como sostuvo el accionante, el bien reclamado se encuentra secuestrado; sin embargo, la pretensión de la presente acción de amparo constitucional debió dirigirse a la autoridad fiscal por estar facultado para disponer la devolución de bienes secuestrados, conforme estipula el art. 189 del CPP; en efecto, en virtud a la norma señalada, es posible acudir a la autoridad jurisdiccional únicamente si existe controversia, aspecto que no concurre en el presente caso; por lo tanto, se inobservó el principio de subsidiariedad que rige la presente garantía jurisdiccional; c) En audiencia conclusiva fueron judicializadas las pruebas que tienen directa relación con el vehículo y el inmueble cuyo desprecintado se pretende, en efecto, dichas pruebas deberán ser valoradas por el Tribunal de Sentencia, lo cual impide que el Tribunal de garantías, cumpla el rol de la jurisdicción ordinaria y efectúe cualquier consideración o valoración respecto a las pruebas y el precintado del inmueble y el vehículo; y, d) No es posible fundar la acción de amparo constitucional en los arts. 73 y 124 del CPP; por otro lado, el petitorio es absolutamente incongruente con los planteamientos de la demanda; por cuanto, si el reclamo versa sobre la falta de fundamentación de la resolución de las autoridades demandadas, lógicamente debió pedir una resolución debidamente fundamentada y no así la devolución del motorizado y el desprecintado del inmueble.