SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1198/2014
Fecha: 10-Jun-2014
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El SIN, mediante nota de verificación 0011OVE00195 - Modalidad Verificación Especifica Impuesto al Valor Agregado (IVA), procedió a la fiscalización de su actividad comercial, con el objeto de comprobar el cumplimiento de pago del IVA por los periodos fiscales de enero a diciembre de 2008; posteriormente fue notificada con la Vista de Cargo SIN/GDC/DF/VE/VC/00211/2012 de 3 de julio de 2012, que determinó reparos por UFV’s97 491.- (noventa y siete mil cuatrocientos noventa y un unidades de fomento a la vivienda) equivalente a Bs171 882.- (ciento setenta y un mil ochocientos ochenta y dos bolivianos), que incluye tributo omitido, intereses, sanción por la conducta tributaria, omisión de pago y multa por incumplimiento a deberes formales. El 7 de agosto de ese mismo año, presentó descargos a la Vista de Cargo; no obstante, la Gerencia Distrital del SIN pronunció la Resolución Determinativa 17-01484-12 de 17 de septiembre de 2012, a través de la cual establece una deuda tributaria de Bs178 536.- (ciento setenta y ocho mil quinientos treinta y seis bolivianos); determinación dictada sin que previamente se realice una valoración de los descargos presentados, violando el procedimiento establecido al efecto.
Contra dicho acto administrativo interpuso recurso de alzada; una vez notificada con el Auto de apertura de término de prueba, por carta de 4 de diciembre de 2012, ratificó la presentada y además ajunto prueba documental en original, donde entre otras se encuentra la póliza de importación con número de registro C-3271, -motivo de la presente acción-; sin embargo, en franca violación a sus derechos, la AIT Regional a través de la Resolución del recurso de alzada ARIT-CBA/RA 0024/2013 de 14 de enero, confirmó la Resolución Determinativa impugnada, con el ilegal sustento de que no se desvirtuaron los reparos determinados en dicha Resolución.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- 1)
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- i)
- I.2.1. Ratificación de la acción
- denegó
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar esos derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado, así como los Convenios y Tratados Internacionales”
- Si partimos del hecho de que la sanción administrativa supone la privación de algún derecho o la afectación de algún interés … y que tal privación debe ser el resultado de la comprobación, conforme a derecho, de un hecho ilícito que se le atribuye, correspondiendo por tanto enjuiciar una conducta, no cabe duda que el proceso administrativo en cuestión debe estar revestido de las garantías procesales consagradas en la Constitución. Así lo ha entendido la jurisprudencia de este Tribunal en la SC 618/2003, al señalar que "[...[la garantía del debido proceso, que consiste en el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar (SC 418/2000-R), la cual no es aplicable únicamente al ámbito judicial, sino que debe efectivizarse en todas las instancias en las que a las personas se les atribuya -aplicando el procedimiento establecido por ley- la comisión de un acto que vulnere la normativa vigente y es obligación ineludible de los que asumen la calidad de jueces, garantizar el respeto a esta garantía constitucional (SC 731/2000-R). De ello se determina que las reglas del debido proceso no sólo son aplicables en materia penal, sino a toda la esfera sancionadora…”
- es aplicable no sólo al ámbito judicial sino también al administrativo cuando se tenga que someter a una persona a un procedimiento en el que deberá determinarse una responsabilidad; por lo mismo, todo proceso de la naturaleza que fuere deberá ser sustanciado con absoluto resguardo y respeto de los derechos y garantías del procesado”
- comprende los elementos del derecho a la defensa, legalidad y valoración de las pruebas, fundamentación de las resoluciones, así como el principio pro actione
- Fragmento 18
- el derecho a la defensa
- Fragmento 20
- III.1.2.
- constituyen instrumentos argumentativos, no causales de denegatoria de la acción de amparo constitucional
- sólo se reduce a establecer si fue o no valorada, pero no a imponer mediante este recurso cómo debe ser compulsada y menos a examinarla,
- III.2. El principio de verdad material en procedimientos administrativos
- La finalidad de los recursos administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos,
- la verdad material: `es aquella que busca en el procedimiento administrativo, el conocimiento de la realidad, de esa verdad,
- siendo obligación de la administración la averiguación total de los hechos, no restringiendo su actuar a simplemente algunas actuaciones de carácter administrativo formal que no son suficientes para asumir decisiones. La tarea investigativa de la administración pública, en todos los casos sometidos al ámbito de su jurisdicción, debe basarse en documentación, datos y hechos ciertos con directa relación de causalidad, que deben tener la calidad de incontrastables, en base a cuya información integral la autoridad administrativa con plena convicción y sustento, emitirá el pronunciamiento que corresponda respecto al tema de fondo en cuestión
- en el procedimiento administrativo el órgano que debe resolver está sujeto al principio de la verdad material, y debe en consecuencia ajustarse a los hechos, prescindiendo de que ellos hayan sido alegados y probados por el particular o no.
- impulsión de oficio,
- tanto la verdad material como la impulsión de oficio son principios básicos del procedimiento administrativo
- una ruptura en los esquemas tradicionales que rigen a la actividad administrativa y un cambio de comportamiento de sus actores, fundamentalmente con relación a la administración pública y sus órganos encargados de dirigir los procesos administrativos,
- de ordenar que en él se practiquen cuantas diligencias sean necesarias para resolver y dictar la resolución final, independientemente de las gestiones y actividad del administrado;
- 3) A no desconocer elementos probatorios aduciendo incumplimiento de exigencias formales como la presentación en fotocopias simples, sobre documentos que estén en poder de la administración o que por diferentes circunstancias éstos se encuentren en otros trámites de los que puede rescatarse y que la administración pueda verificarlos por conocer de su existencia o porque se le anoticie de ella
- facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, realizar la actividad probatoria necesaria,
- III.3. Análisis del caso concreto
- Fragmento 36
- por tanto la fotocopia del Documento Único de Importación Nº 2008233C3271 presentado por la contribuyente no es válida para el computo de crédito fiscal”; con ese argumento ratificó los cargos consignados en la Vista de Cargo.
- deberán aceptar fotocopias simples en reemplazo de las fotocopias legalizadas exigidas para la gestión de sus trámites; reservándose la prerrogativa de exigir la presentación del original, cuando así se considere necesario para fines de verificación”
- aduciendo incumplimiento de exigencias formales como en el caso de autos la presentación de fotocopias simples
- III.3.2. Respecto a la Resolución del recurso de alzada emitido por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria y la omisión de la valoración de la prueba
- se emitió Auto de Apertura de Termino Probatorio el 9 de noviembre de 2012, que de conformidad al art. 218 inc. d) del CTB, se abre término de prueba de veinte días comunes y perentorios a ambas partes”
- “Los antecedentes hacen referencia que la
- “El contribuyente no presentó el documento original de dicha póliza”,
- Fragmento 44
- III.4. Otras consideraciones
- debe entenderse que la demanda debe estar dirigida contra la 'autoridad' que ostente el cargo desde el cual se realizó el acto ilegal o se incurrió en la omisión indebida, sin que ello implique que, en caso de existir responsabilidades personalísimas, como la penal, el funcionario que haya accedido al cargo con posterioridad al acto lesivo de derechos, tenga que asumir las consecuencias únicamente por encontrarse en funciones al momento de iniciarse la demanda y porque ésta haya sido dirigida en su contra
- es posible admitir la legitimación pasiva de la anterior persona o autoridad responsable del acto, que cuenta con responsabilidad personal y a la vez de la nueva persona o autoridad que cuenta con responsabilidad institucional o simplemente de esta última
- únicamente de la última persona.
- 2° Disponer la nulidad