SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1901/2014

Asimismo, en una acción de amparo constitucional en la que se reclamó que la Autoridad de Impugnación Tributaria a tiempo de dictar resoluciones contravino sus fallos anteriores y que se efectuó un tratamiento discrecional, la SCP 0940/2014 de 23 de mayo, estableció que: “…todo acto jurisdiccional debe en esencia respetar el principio de predictibilidad de las resoluciones, mismo que se encuentra respaldado por el derecho de los actores procesales de igualdad ante la Ley (art. 119.I de la CPE) y el principio de seguridad jurídica (art. 178.I de la CPE). En atención a lo referido, todo órgano que ejerce facultades jurisdiccionales se halla vinculado a sus propias interpretaciones; pero también se encuentra facultado para cambiar de criterio siempre y cuando lo haga bajo una debida y adecuada fundamentación, explicando los motivos por los cuales considera pertinente aplicar dos tesis diferentes a casos análogos” (las negrillas son nuestras), habiéndose resuelto en el caso mencionado por conceder la protección al evidenciar que la autoridad demandada efectuó trato diferente al accionante que no fue justificado. Razonamiento, que también es aplicable en el ámbito civil en razón a que la igualdad es un valor fundamental que guarda estrecha vinculación con la provisión constitucional de no discriminación contenida en el art. 14.II de nuestra Ley Suprema. 

A su vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso López Álvarez Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141, Párrafo 170, mandó: “…que los Estados deben abstenerse de producir regulaciones discriminatorias o que tengan efectos discriminatorios en los diferentes grupos de una población al momento de ejercer sus derechos. Además, los Estados deben combatir prácticas discriminatorias y adoptar las medidas necesarias para asegurar una efectiva igualdad de todas las personas ante la ley”; entendimiento, que forma parte del bloque de constitucionalidad y no es contrario a los valores dignidad, inclusión e igualdad proclamados en el art. 8.II de la CPE.