SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1382/2015-S2

Con relación a los alcances del principio de congruencia en el ámbito penal, la SC 1312/2003-R de 9 de septiembre, señaló que dicho principio “...cobra relevancia en cualquier naturaleza de proceso, en especial en materia penal, pues este marca el ámbito en el que la parte querellante va a aportar sus pruebas tomando como base los delitos que denuncia, como también delimitaba el campo de acción en el que el juzgador va a dirigir el proceso y finalmente señala también de la misma forma que en ese marco ha de asumir defensa el imputado o procesado, siendo por tanto -como se dijo- de mucha importancia en especial para este último sujeto procesal, que a tiempo de asumir defensa se le haga conocer por qué delito se le está juzgando, de manera que sobre esa acusación él pueda desvirtuar la misma, alegando, proponiendo pruebas y participando en la práctica probatoria y en los debates, para lo que resulta obvio, que necesariamente debía conocer con antelación suficiente los delitos que se le acusaban, sin que la sentencia posteriormente pueda condenarle por algo de lo que antes no se acusó y respecto de lo cual consiguientemente no pudo articular su estrategia exigida, como le garantizaba la ley” (las negrillas son nuestras).

Dado que el principio de congruencia no solo es un elemento del debido proceso sino también una expresión del derecho a la defensa, su vigencia se exterioriza durante el desarrollo de todo el proceso y por consiguiente debe estar presente en todas las resoluciones, pues como precisó el Tribunal Constitucional en la SC 1009/2003-R de 18 de julio, “…el juzgador también deberá observar estrictamente el principio de congruencia, el mismo que no sólo requiere ser respetado en el transcurso del proceso entre una y otra resolución, sino que también es de observancia en el texto de una sola resolución, pues como establece el ordenamiento jurídico, toda resolución tiene una estructura básica que marca la estructura formal que tiene que respetarse”.