SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0169/2015-S2
Fecha: 25-Feb-2015
1)
Con derecho a la réplica, señaló que: 1) Del informe prestado por el tercer interesado, no encuentra una respuesta clara sobre lo denunciado en todas las fases del proceso; 2) Lo indicado por el Vocal Rodrigo Erick Miranda Flores, respecto a que la situación jurídica no sufrirá variaciones, ello no es verdad, pues si se toman en cuenta los descargos y no las notas de cargo, no se mantendrá el mismo monto demandado, éste variaría; 3) Esta autoridad señala además, que no se identificaron las notas de cargo referidas, no siendo evidente esa alegación; toda vez que, las mismas fueron descritas en los recursos de apelación y casación; d) Al haber admitido el recurso de casación, los Magistrados demandados no pueden señalar ahora que no podían pronunciarse sobre la errónea interpretación; y, 5) Los Magistrados Gonzalo Hurtado y Fidel Tordoya, de acuerdo a la SC 1121/2010 de 27 de agosto, pueden ser demandados, al ser éstos quienes deben cumplir el fallo constitucional.
Rodrigo Erick Miranda Flores, Vocal Presidente de la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por informe de 24 de junio de 2014, cursante de fs. 309 a 310, manifestó que: 1) El accionante no precisó en su recurso de apelación los agravios relacionados con los cinco pagos realizados y con las notas de cargo 027/01, 09/03 y 13/03 anuladas, de la forma que lo hace en esta acción tutelar, por lo tanto, no es exigible al Tribunal de apelación se refiera sobre aspectos que no fueron reclamados en el recurso de referido; 2) Cada uno de los agravios expuestos fueron considerados, explicando las razones por las que fueron desestimados; 3) En relación al erróneo cálculo, se hizo constar que al haberse incumplido el convenio de pago 37/04, éste quedaba disuelto y la obligación se tornaba de plazo vencido, líquida y exigible en su totalidad; es decir, se salió del marco de la condonación de multas e intereses y nos ubicamos nuevamente en el contexto de la deuda primigenia, sin que ello implique aplicación de normas o la imposición de multas e intereses de manera retroactiva; y, 4) A través del proceso coactivo, el SENASIR no pretendió cobrar los montos del convenio de pago que fue incumplido, sino como sanción a ese incumplimiento, correspondía el cobro de la deuda más multas e intereses conforme se glosó en la nota de cargo 020/2011; en consecuencia, no es evidente que no exista la fundamentación que sustenta el decisorio del Auto de Vista 270/2013.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- I.3.1. Ratificación y ampliación de la acción
- 1)
- i)
- concedió parcialmente
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. La acción de amparo constitucional, su naturaleza jurídica
- III.2. El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso
- la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto
- responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia, la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia’
- …la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma,
- cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador,
- la motivación puede ser concisa pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas.
- la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta decisión
- tampoco podrá denegarse la tutela de sus derechos, cuando no se los haya mencionado o precisado adecuadamente en su acción de defensa, por error u omisión involuntaria; puesto que en aplicación del principio iura novit curia ‘el juez conoce el derecho’; el Juzgador constitucional, tiene el deber de analizar, la demanda, informe de los demandados y la participación de las partes en la audiencia de garantías, para verificar si se lesionaron los derechos mencionados en la demanda u otros no invocados; para aplicar de esa manera, si correspondiera, las disposiciones jurídicas pertinentes; aunque no hubiesen sido invocadas por error u omisión involuntaria, por parte del accionante; puesto que podría darse el hecho, que a criterio del demandante, se vulneraron ciertos derechos constitucionales, sin embargo, del contenido de su acción, del informe de la parte demandada, o en su caso de la participación realizada de ambas partes en la audiencia de garantías, se coligiera la vulneración de otros derechos no mencionados
- este principio, sólo será aplicado por el Juez constitucional, cuando exista error u omisión involuntaria en su invocación, o cuando pueda deducirse la vulneración de otros derechos no mencionados
- excepto, en los casos en los que resulta evidente que la prueba aportada ha sido ignorada por el juzgador
- siendo competencia de la jurisdicción constitucional, revisar excepcionalmente la labor de valoración de la prueba desarrollada por la jurisdicción ordinaria, únicamente, se reitera, cuando en dicha valoración:
- 2) Cuando se haya omitido arbitrariamente valorar la prueba y su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales
- III.6. La interpretación de la legalidad ordinaria y el ámbito de competencia de la jurisdicción constitucional
- exponer con claridad y precisión los principios o criterios interpretativos que no fueron cumplidos o fueron desconocidos por el juez o tribunal que realizó la interpretación y consiguiente aplicación de la norma interpretada; asimismo, exponer qué principios fundamentales o valores supremos no fueron tomados en cuenta o fueron desconocidos por el intérprete al momento de desarrollar la labor interpretativa y asumir la decisión impugnada
- que el recurrente, en su recurso, a tiempo de cuestionar la interpretación de la legalidad ordinaria: 1) Explique por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo, y 2) Precise los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, estableciendo el nexo de causalidad entre éstos y la interpretación impugnada; dado que sólo de esta manera la problemática planteada por el recurrente, tendrá relevancia constitucional'
- III.7. Análisis del caso concreto
- b)
- III.7.2. En relación a la falta de fundamentación
- III.7.3 Sobre la valoración de la prueba
- Fragmento 35
- III.7.4. Sobre la interpretación de la legalidad ordinaria
- Fragmento 37
- 1º CONCEDER