SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0169/2015-S2
Fecha: 25-Feb-2015
III.7.3 Sobre la valoración de la prueba
Al señalar el accionante que las autoridades demandadas no emitieron ningún pronunciamiento, tampoco tomaron en cuenta, y menos hicieron referencia alguna sobre las notas de cargo anuladas y las cuotas canceladas por la empresa que representa, este Tribunal encuentra por sobreentendida la denuncia en relación a la omisión valorativa del acervo probatorio presentado en respaldo de sus argumentos, situación excepcional que de acuerdo a la jurisprudencia constitucional referida en el Fundamento Jurídico III.5 de este fallo, abre la posibilidad para que esta jurisdicción, pueda ingresar a verificar si la labor valorativa, privativa de la jurisdicción ordinaria, fue llevada a cabo correctamente; omisión en base a la cual, reclama que correspondía que las indicadas autoridades se manifiesten sobre dichas pruebas, al margen de hacerlo sobre las pretensiones expuestas en su debida oportunidad, con lo que pretendía demostrar su incidencia en el cálculo y la determinación final del monto demandado por el SENASIR.
Ahora bien, de acuerdo a lo advertido por este Tribunal Constitucional Plurinacional, se evidencia que los demandados al emitir sus respectivas determinaciones, no hicieron mención a ninguna de las pruebas identificadas de forma precedente y señaladas por el accionante, lo que implica que no se recibió, analizó ni compulsó las mismas y tampoco se les asignó el respectivo valor de acuerdo a la tasación legal o las reglas de la sana crítica, no dieron a conocer además, los motivos por los cuales no se las habría valorado, prueba que de haber sido considerada, podía repercutir en la determinación y precisión del verdadero monto por el cual debía ser demandada la empresa que representa el accionante. Lo expuesto, permite concluir que ninguno de los demandados realizó una apreciación conjunta e integral de todos los elementos probatorios cursantes en la demanda coactiva social de referencia, excluyendo de su análisis y consideración valorativa, las notas de cargo anuladas y las cuotas que habrían sido pagadas por la fábrica de chocolates Taboada S.R.L., tornando sus fallos en ilegales, irrazonables y conculcatorios del derecho al debido proceso del accionante, en su elemento valoración adecuada de la prueba, el cual si bien no fue mencionado de forma expresa en el memorial de demanda; sin embargo, de los argumentos y denuncias expuestas, se lo tiene por aludido implícitamente, en aplicación del principio iura novit curia desarrollado en el Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo; circunstancia que amerita la concesión de la tutela solicitada sobre este aspecto, al advertirse una conducta omisiva por parte de las autoridades judiciales ahora demandadas.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- I.3.1. Ratificación y ampliación de la acción
- 1)
- i)
- concedió parcialmente
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. La acción de amparo constitucional, su naturaleza jurídica
- III.2. El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso
- la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto
- responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia, la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia’
- …la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma,
- cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador,
- la motivación puede ser concisa pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas.
- la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta decisión
- tampoco podrá denegarse la tutela de sus derechos, cuando no se los haya mencionado o precisado adecuadamente en su acción de defensa, por error u omisión involuntaria; puesto que en aplicación del principio iura novit curia ‘el juez conoce el derecho’; el Juzgador constitucional, tiene el deber de analizar, la demanda, informe de los demandados y la participación de las partes en la audiencia de garantías, para verificar si se lesionaron los derechos mencionados en la demanda u otros no invocados; para aplicar de esa manera, si correspondiera, las disposiciones jurídicas pertinentes; aunque no hubiesen sido invocadas por error u omisión involuntaria, por parte del accionante; puesto que podría darse el hecho, que a criterio del demandante, se vulneraron ciertos derechos constitucionales, sin embargo, del contenido de su acción, del informe de la parte demandada, o en su caso de la participación realizada de ambas partes en la audiencia de garantías, se coligiera la vulneración de otros derechos no mencionados
- este principio, sólo será aplicado por el Juez constitucional, cuando exista error u omisión involuntaria en su invocación, o cuando pueda deducirse la vulneración de otros derechos no mencionados
- excepto, en los casos en los que resulta evidente que la prueba aportada ha sido ignorada por el juzgador
- siendo competencia de la jurisdicción constitucional, revisar excepcionalmente la labor de valoración de la prueba desarrollada por la jurisdicción ordinaria, únicamente, se reitera, cuando en dicha valoración:
- 2) Cuando se haya omitido arbitrariamente valorar la prueba y su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales
- III.6. La interpretación de la legalidad ordinaria y el ámbito de competencia de la jurisdicción constitucional
- exponer con claridad y precisión los principios o criterios interpretativos que no fueron cumplidos o fueron desconocidos por el juez o tribunal que realizó la interpretación y consiguiente aplicación de la norma interpretada; asimismo, exponer qué principios fundamentales o valores supremos no fueron tomados en cuenta o fueron desconocidos por el intérprete al momento de desarrollar la labor interpretativa y asumir la decisión impugnada
- que el recurrente, en su recurso, a tiempo de cuestionar la interpretación de la legalidad ordinaria: 1) Explique por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo, y 2) Precise los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, estableciendo el nexo de causalidad entre éstos y la interpretación impugnada; dado que sólo de esta manera la problemática planteada por el recurrente, tendrá relevancia constitucional'
- III.7. Análisis del caso concreto
- b)
- III.7.2. En relación a la falta de fundamentación
- III.7.3 Sobre la valoración de la prueba
- Fragmento 35
- III.7.4. Sobre la interpretación de la legalidad ordinaria
- Fragmento 37
- 1º CONCEDER