El suscrito Magistrado, expresa el voto disidente, con relación a la DCP 0148/2015 de 28 de julio; ante la interpretación apartada de los preceptos constitucionales en el control previo de constitucionalidad de los arts. 2, 31, 32, 40, 42.5, y 83.1 q

Incompatibilidad que no condice con los preceptos constitucionales del art. 270 de la CPE y los principios que rigen la organización territorial y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas, que establecen: la solidaridad, la búsqueda del bien común, la complementariedad, la coordinación, entre otros. Constituyéndose estos en los pilares fundamentales, para alcanzar sus objetivos de cada nivel de Gobierno y los fines del Estado en su conjunto (art. 9 de la CPE).

En esta misma línea, el constituyente dispuso un mandato expreso en el art. 271 de la CPE, señalando que la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, debe desarrollar los mecanismos destinados a garantizar la coordinación entre ETA y entre estas y el Nivel Central del Estado. Por ello la coordinación como base de la relación armónica entre el nivel central del Estado y los gobiernos autónomos, no puede ser incompatible con la Constitución Política del Estado, mas por el contrario es una obligación inherente al nuevo modelo de estado con autonomías, para garantizar el bienestar, el desarrollo, la provisión de bienes y servicios a toda la población boliviana con plena justicia social.

En razón de los argumentos expuestos, se manifiesta la disidencia respecto a los arts. 2, 31, 32, 40 y 42.5 y 83.1 del proyecto de Carta Orgánica Municipal de Quiabaya, considerando que obrar en sentido diferente, resulta sesgado y contrario a los preceptos, principios y valores que sustenta la Norma Suprema.