SENTENCIA CONSTITUCIONAL Plurinacional 0082/2017
Fecha: 27-Nov-2017
c)
c) La acción promovida por Felipe Jorge Silva Trujillo, carece de fundamentación jurídico constitucional; toda vez que cuando se demanda la inconstitucionalidad de una disposición legal, se debe precisar los argumentos por los cuales se considera que ésta atenta contra la Constitución Política del Estado, con el establecimiento inexcusable de un nexo causal, no obstante la parte accionante especula haciendo una relación de hechos y una transcripción casi literal de las normas constitucionales y los artículos de la norma impugnada, cita sentencias constitucionales alegando supuestas vulneraciones, pero sin cumplir con estas condiciones; de esta manera el accionante no establece de qué forma los arts. 5, 6, 8, 21, 22, 25, 34, 37, 39 y 40 de la Ley observada, sería contraria a los arts. 19.I, 20.I, 25.I, 46.II, 62, 109, 115.II, 117.II, 123, 297, 298 y 302 de la CPE.
Sobre este punto, sostiene que llama la atención que la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional no haya realizado su labor, ya que el AC 0196/2017-CA pretende forzadamente que se realice control normativo infra constitucional respecto de la Ley Municipal Autonómica 233 de Fiscalización Técnica Territorial, ya que esta norma no tiene un alcance general, porque debería tomarse en cuenta que se trata de una Ley Municipal que tiene por objeto a infractores, obras, construcciones y edificaciones que realicen, y fundamentalmente contra loteadores del municipio de La Paz, quienes desean apropiarse de los bienes de dominio público, protegido constitucionalmente por el art. 339.II de la CPE, por lo que claramente no se trata de una norma de carácter general.
Queda advertir que el argumento expuesto en el anterior párrafo es absurdo, al querer llegar a la conclusión de que la Ley impugnada no es una norma de carácter abstracto porque sólo estaría destinada a los infractores, ya que siguiendo este razonamiento tan básico, llegaríamos a la simple conclusión de que el mismo Código Penal no es una norma de carácter general y abstracta, ya que la misma sólo sería aplicable para aquellos que cometan delitos e ilícitos; por lo que claramente tal argumento carece de relevancia constitucional.
- acción de inconstitucionalidad concreta
- I.1. Contenido de la acción
- I.2. Admisión y citación
- a)
- b)
- c)
- d)
- e)
- f)
- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- II.1. Normas demandadas de inconstitucionales
- I.
- II.
- III.
- IV.
- V.
- ARTÍCULO 25 (PROGRESIVIDAD DE LA MULTA)
- ARTÍCULO 39 (APOYO DE LA FUERZA PÚBLICA)
- Artículo 123.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- control que se instrumenta a través de las acciones de inconstitucionalidad, sean en la vía abstracta o concreta, con carácter correctivo o a posteriori, con la finalidad de que este Tribunal someta las normas cuestionadas a un juicio de constitucionalidad para establecer su compatibilidad o incompatibilidad con los valores supremos, principios, fundamentales y normas de la Constitución Política del Estado
- la acción de inconstitucionalidad abstracta procederá contra toda ley, estatuto autonómico, carta orgánica, decreto o cualquier género de ordenanzas y resoluciones no judiciales de carácter normativo que puedan resultar contrarias a la Constitución Política del Estado
- La acción de inconstitucionalidad, tiene como propósito expulsar del ordenamiento jurídico, toda norma que sea incompatible con la Constitución;
- su labor se concentra en el control objetivo de constitucionalidad de las disposiciones legales objetadas
- se deduce que ésta es una acción constitucional de control correctivo o a posteriori de disposiciones legales que se encuentran en vigencia,
- Por consiguiente, esa labor de confrontación se debe ejercer necesariamente sobre normas vigentes que tengan vida en el referido ordenamiento jurídico del Estado
- este examen se ejerce cuando la Ley ha sido sancionada y está en plena vigencia
- el control normativo de constitucionalidad por vía de acción de inconstitucionalidad abstracta, debe efectuarse sobre disposiciones legales vigentes y no así respecto a las que han sido derogadas o abrogadas; por cuanto, en esos casos se produce la extinción del derecho por sustracción de materia
- el control normativo de constitucionalidad, por la vía del recurso directo o abstracto de inconstitucionalidad, se desarrolla sobre una disposición legal vigente, no así sobre una que se encuentra derogada o abrogada, ya que en este último caso se produce la extinción de derecho de la disposición legal, la que deja de tener vida en el ordenamiento jurídico del Estado
- no forma parte del ordenamiento jurídico vigente, por ende su consideración carece de relevancia, dado que el recurso no cumpliría con su objeto, cual es de depurar el ordenamiento jurídico, expulsando de éste las normas que se aparten o contradigan los preceptos de la Ley Fundamental
- que la condición para impugnar normas consideradas inconstitucionales, es que las mismas se encuentren vigentes y no hayan sido derogadas o abrogadas, pues si es la finalidad de esta acción, depurar del ordenamiento jurídico las normas consideradas inconstitucionales, no tendría sentido pronunciarse sobre una norma que ya no forma parte del ordenamiento jurídico, porque precisamente ha sido ya sea derogada o abrogada
- cuando se ha producido la sustracción de materia, cuando ha desaparecido una disposición legal que ha sido objeto de reglamentación por una norma que ha sido objetada su constitucionalidad, por lo mismo esta norma han dejado de tener efecto y vigencia, por lo que no puede ser sometido a control de constitucionalidad
- III.3. Respecto al control normativo de constitucionalidad sobre preceptos que no tengan carácter normativo, general y abstracto
- III.4. Sobre la falta de fundamentación entre la norma impugnada de inconstitucionalidad y los preceptos constitucionales que se creen conculcados
- Fragmento 46
- INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY MUNICIPAL AUTONÓMICA N° 233 DE FISCALIZACIÓN TÉCNICA MUNICIPAL
- vi.
- vii.