SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0158/2017-S3

El Director General del Servicio Civil citado precedentemente, realizó una incorrecta lectura del Decreto Supremo 0495 de 1 de enero de 2010, el cual al incluir al parágrafo V en el artículo 10 del Decreto Supremo (DS) 28699 de 1 de mayo de 2006, estableció que: “Sin perjuicio de lo dispuesto en el Parágrafo IV del presente Artículo, la trabajadora o trabajador podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral”, ya que conforme la interpretación que realizó este Tribunal, se entiende que es posible acudir a la jurisdicción constitucional para hacer cumplir una Conminatoria de reincorporación que es negada en su acatamiento por el empleador, para que el Tribunal ordene que la misma sea ejecutada y sin que ello signifique el poder ingresar a conocer el fondo de la relación laboral, y menos que pueda disponer el pago de sueldos que se encuentran en los hechos controvertidos; así, la SCP 1712/2013  de 10 de octubre concluyó de manera puntual “…cabe establecer que a esta instancia constitucional no le compete ingresar al fondo de las problemáticas laborales que se le presentan, pues no es sustitutiva de la jurisdicción laboral ni mucho menos tiene la amplitud probatoria conducente a por sí misma para arribar a una verdad material; sin embargo, tampoco puede pretenderse la ejecutoria de conminatorias que emergen de procesos administrativos desarrollados al margen de la razonabilidad de un debido proceso.  Por todo ello, mal podría pretenderse que esta jurisdicción llegue al convencimiento de que el despido fue o no justificado, pues el acervo probatorio con el que cuenta no le permitiría llegar a verdades históricas materiales, así como tampoco corresponde reemplazar a toda la judicatura laboral con la jurisdicción constitucional; justamente de este escenario proviene el hecho de que la conminatoria es de cumplimiento inmediato, y que su incumplimiento vulnera el núcleo esencial del derecho al trabajo, desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, situación que habilita a la actuación inmediata de esta jurisdicción constitucional a menos que se evidencie en la tramitación del proceso administrativo violaciones del debido proceso que impidan que esta jurisdicción constitucional haga ejecutar una conminatoria que emerge de vulneración de derechos fundamentales, lo que implica una modulación de la SCP 0900/2013 de 20 de junio” (las negrillas nos corresponden).