SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0216/2017-S2

II.10.  Esther Machaca Maldonado, interpuso recurso de apelación contra la Sentencia Disciplinaria 22/2015, solicitando la revocatoria y anulación de la citada Resolución, y se disponga declarar improbada la denuncia, así como la nulidad de obrados, expresando los siguientes agravios: a) La notificación con la Sentencia Disciplinaria 22/2015, después de seis días de haberse emitido el fallo, en contradicción a lo establecido por el art. 47 del Acuerdo 75/2013, disposición que prevé la notificación en el plazo de cuarenta y ocho horas; b) La emisión de la Sentencia Disciplinaria 22/2015, después de cinco meses, siendo el plazo para su emisión de diez días computables a partir del Auto de clausura del termino probatorio, el cual data en el presente caso del 31 de octubre del 2015; sin embargo, la Resolución se emitió el 6 de marzo de 2015, operándose la perdida de competencia; c) La realización del análisis sobre aspectos jurisdiccionales realizado por el Juez codemandado en el considerando IV de la Sentencia apelada, al transcribir las providencias, en apartamiento de sus atribuciones y facultades administrativa disciplinarias; d) En cuanto a la inspección ocular en cumplimiento de la Resolución Disciplinaria 97/2014, la ligereza del Juez disciplinario al señalar que a momento de realizar la inspección ocular disciplinaria se evidenció  que el expediente caratulado “Patty contra Torrez” se encontraba en su despacho y que se sorprendió a funcionarios de apoyo judicial sacar dicho expediente, sin tomar en cuenta los siguientes vicios de nulidad: 1) El no haber sido notificada con la denuncia y con la inspección en vulneración del art. 46 del Acuerdo 75/2013, sin evidenciarse que ese día tenía una licencia por dos horas; 2) La falta de valoración objetiva de la prueba, al referir que el expediente fue sacado conjuntamente con otros expedientes de su despacho, sin haberse hecho constar dicho extremo por los funcionarios da apoyo o cualquier otra persona que se encontraba en ese momento; 3) Sin embargo de que lo reclamado en la denuncia disciplinaria es la no emisión de la sentencia en el proceso laboral y de haberse verificado por el Juez Disciplinario la existencia de la misma, no constituye facultad y atribución del mismo, menos de las partes determinar si la firma contenida en dicha resolución es la suya, ya que estos hechos no pueden ser objeto de un proceso disciplinario; 4) No corresponde haberle sancionado por la inexistencia de la copia de la “Sentencia 60/2014” en el libro de tomas de razón, toda vez que no es facultad de esta autoridad el registro de la misma, sino del personal de apoyo jurisdiccional; 5) La vulneración del derecho al debido proceso por el Juez codemandado, al realizar la inspección, recabado su prueba y luego recién disponer su notificación con la inspección, en inobservancia del art. 46 del Acuerdo 75/2013; 6) El Juez Disciplinario, dejó sin efecto lo actuado y verificado en la inspección ocular, pero en su sentencia disciplinaria estableció que el expediente fue sacado de su despacho, para sancionarla disciplinariamente, sin tomar en cuenta además que en el momento del supuesto hecho no se encontraba presente; i) La subjetiva apreciación por el Juez Disciplinario al afirmar que su persona retuvo el expediente en su despacho de forma indebida e injustificada, sin sustento ni prueba que demuestre dicho extremo; ii) El considerar como irregularidad por el Juez disciplinario, el hecho que la fecha de la sentencia de acuerdo a calendario, correspondía a un día domingo, no siendo este aspecto objeto de la denuncia; iii) El análisis de aspectos jurisdiccionales por el Juez Disciplinario en vulneración de la  esencia del proceso administrativo y el debido proceso,  al observar el incumplimiento del art. 80 del Código Procesal del Trabajo (CPT), facultad que solo le corresponde a un tribunal superior en grado en caso de una eventual apelación o impugnación y no por dicho Juez; iv) La transcripción impertinente de la “SCP 0615/2012-L de 8 de julio”, que pretende dirigir a la autoridad jurisdiccional la forma en que debe tramitar los procesos sociales, al establecer que no se cumplieron las normas que cita dicha jurisprudencia y que se ocasionó un retardo indebido en la tramitación del proceso, aspecto que va más allá de lo razonable, cuando se pretende en toda la ratio decidendi de la sentencia disciplinaria 22/2015 “…enseñar al Juez Jurisdiccional, la forma de interpretación de las normas y no enmarcar que si hubo ALGUNA POSIBLE comisión DE UNA SUPUESTA  falta disciplinaria” (sic); v) La inexistencia de la agravante referida por la autoridad disciplinaria, al alegar que cuenta con antecedentes disciplinarios, aspecto que se verifica del certificado de antecedentes que adjunta a la apelación planteada; y, vi) El señalamiento por la autoridad disciplinaria de otros hechos no denunciados y que de acuerdo a su apreciación subjetiva resultarían irregulares; empero, no pudieron ser demostrados, dando lugar a una sentencia incongruente y no fundamentada, que solo trata de justificar una sanción sin sustento legal ni prueba válida, siendo prueba de ello que en la parte resolutiva de la Sentencia Disciplinaria 22/2015, se menciona en el literal “UN MES”  y en el numeral señala “(02)”, otra incongruencia en dicho fallo ( fs. 385 a 393).