DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0040/2017

De lo visto, se colige que la terminología a ser utilizada es de “personas con discapacidad”; toda vez, que dicha definición fue el resultado del consenso de varios países aprobada por la ONU y adoptada en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y también manifestada por la OMS, para luego ser reflejada en nuestra Constitución Política del Estado, Ley general para Personas con Discapacidad, y la Ley de Educación Avelino        Siñani-Elizardo Pérez, y al pretender referirse como “personas con capacidades diferentes” adquiere una connotación diferente, toda vez que, según la Real Academia Española (RAE) la capacidad: Es la aptitud, talento, cualidad que dispone alguien para el buen ejercicio de algo; o la aptitud para ejercer personalmente un derecho y el cumplimiento de una obligación; y diferente significa diverso, distinto; en cambio respecto de la incapacidad señala: que es una cualidad de discapacitado, definiendo a su vez que discapacitado es: una persona que tiene impedida o entorpecida alguna de las actividades cotidianas consideradas normales, por alteración de sus funciones intelectuales o físicas,  por lo tanto en base a estas definiciones y los instrumentos normativos nacionales e internacionales se puede concluir de que: i) Las personas con capacidades diferentes son aquellas que cuentan con cualidades, talentos o aptitudes distintos o únicos al promedio de las personas, para realizar una acción física o mental; por lo que esta definición no califica la condición real de las personas con discapacidad; y,  ii) La definición de discapacidad resulta un tanto compleja y multidimensional ya que en ella no solo intervienen características médicas o sociales, dado que como se vio, para la OMS la discapacidad deviene de la interacción entre las personas con sus deficiencias y las barreras que evitan su participación en igualdad de condiciones; a su vez según la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, la discapacidad abarca diferentes dimensiones como la deficiencia de función o funciones físicas, mentales,  sensoriales o intelectuales, las limitaciones de actividades, las delimitaciones en la participación en condiciones de igualdad, dimensiones que impiden a estas personas desarrollarse en condiciones de igualdad por estas deficiencias y diferencias que desde luego no son privativas para  ejercer en igualdad de condiciones sus derechos, aspiraciones y realizaciones en el ámbito personal y colectivo; consecuentemente la discapacidad es definida partiendo  de la interacción de la persona con su entorno, y sus limitaciones; por lo que la discapacidad no sólo está referida a la persona sino también a su interacción social.

Consecuentemente el art. 410.II de la CPE, establece que: “El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país”, mismos que forman parte de la jerarquía normativa del ordenamiento jurídico boliviano; por lo que Bolivia al formar parte de la Organización Mundial de la Salud y ratificar la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, que es parte del bloque de constitucionalidad, adoptó la definición lingüística de “Personas con Discapacidad” reflejado en el art. 70 al 72 de la CPE, y la legislación nacional señalada; por lo que, el proyecto de carta orgánica al pretender describir como personas con capacidades diferentes vulnera el texto constitucional por un lado desnaturalizando el significado preciso de este grupo social que goza de todos sus derechos, garantías y oportunidades en plenitud de igualdad, y por otro lado se insubordina a la Constitución Política del Estado; toda vez que, es la Norma Suprema del ordenamiento jurídico boliviano a cual todo precepto inferior debe sujetarse.