SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0521/2017-S1

Se evidencia que los reclamos expuestos en el presente caso devienen de la transición del sistema individual de vacaciones, al colectivo, en cuyo sentido corresponde señalar que en virtud a los principios que rigen en materia laboral y que fueron desarrollados en el Fundamento Jurídico III.4 de ésta Sentencia Constitucional Plurinacional, que si bien el derecho a la vacación, no se encuentra en el catálogo de derechos establecidos por la Constitución Política del Estado, éste derecho puede deducirse de la protección que la norma suprema otorga a los derechos a la vida, a la salud, al trabajo y a la seguridad social; toda vez que, toda persona necesita un mínimo de elementos materiales para subsistir, por ello la Constitución Política del Estado mediante la tutela que brinda a los derechos fundamentales, pretende garantizar a los estantes y habitantes del Estado Plurinacional de Bolivia, las condiciones elementales necesarias para su dignificación y el libre desarrollo de su personalidad; conforme lo dicho, debe tenerse en cuenta que las accionantes, de forma coincidente con los Informes CM/RRHH 002/2017 y TI/PAN/03/2017 (Conclusiones II.4 y II.5), emitidos por la Oficina Departamental del Consejo de la Magistratura, señalaron que hicieron uso de sus vacaciones correspondientes a la gestión 2015-2016, tras haber cumplido un año computable a partir de su ingreso al Órgano Judicial a principios de la gestión 2015; bajo tal antecedente, durante la gestión 2016 y en vigencia del sistema de vacación individual, gozaron y disfrutaron de los veinticinco días de descanso que la ley les otorgaba. Posteriormente, en razón a la modificación de dicho sistema que volvió a ser un sistema de vacación colectiva; y, según se tiene del contenido de los aludidos informes y de la Resolución de Sala Plena 03/2017, que las vacaciones (no sólo de las accionantes, sino de todos los servidores judiciales), correspondientes a la gestión 2016, que se utilizan la gestión 2017 (2016-2017), debían ser programadas y reguladas de forma colectiva, por el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunales Departamentales de Justicia y el Tribunal Agroambiental, en coordinación con el Consejo de la Magistratura, en virtud al art. 126 de la Ley 025; por lo que, para el uso de las vacaciones que les corresponden y que son inherentes a la gestión 2016-2017, deben esperar a la programación colectiva que aún no se realizó; siendo evidente que su derecho a la vacación correspondiente a la gestión 2015, se encuentra cumplido al presente según sus propias manifestaciones; y, respecto a la gestión 2016, su derecho no les fue negado de forma alguna sino que se encuentra pendiente de programación; por lo que, razonablemente no se encuentra lesión alguna respecto al indicado derecho, no correspondiendo su tutela.

Finalmente, resulta prudente aclarar que no obstante a los argumentos del Juez de garantías, la concesión de tutela que efectuó, disponiendo dejar sin efecto la Resolución de Sala Plena 03/2017, no guarda relación con el petitorio de la parte accionante, que estaba referido únicamente a la nulidad parcial de la Resolución de Sala Plena 27/2016, también emitida por Sala Plena, habiendo actuado el Juez de garantías, más allá de lo solicitado por la parte accionante.