SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0629/2017-S1

Efectuadas las precisiones de orden jurisprudencial constitucional glosadas precedentemente, corresponde ingresar al análisis de la problemática planteada en el caso de autos. Así se tiene que el accionante, alegó la lesión de sus derechos a la propiedad, a la vivienda, a la dignidad y la “seguridad jurídica”; toda vez que, obtuvo un crédito con garantía hipotecaria de un inmueble de su propiedad, que posteriormente fue rematado, sin considerar que fue declarado patrimonio nacional, ecológico, religioso, turístico arqueológico, tangible e intangible a la serranía de Cota y que se trataba de tierra agraria y de reserva fiscal. Añadió que en septiembre de 2015, se consolidó la destrucción de la vivienda en el predio en cuestión y que presentó su apelación contra el rechazo de su incidente de nulidad, el 29 de octubre de 2015; por lo que, se encontraba dentro del plazo legal para activar la vía constitucional

Así, en mérito al objeto y causa de la presente acción de tutela, conforme al Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo, se tiene que el valor axiomático de la Constitución Política del Estado, asegura la aplicación directa y eficaz de los derechos fundamentales a través de la labor interpretativa o hermenéutica de las autoridades jurisdiccionales, cuyas decisiones deben enmarcarse en los valores de justicia e igualdad como estándar y presupuesto para asegurar la eficacia de los derechos fundamentales, en conformidad con los valores ético morales desarrollados en el fundamento mencionado. En éste sentido, es importante remarcar que el valor supremo del Estado, que es el “vivir bien” (a partir del cual deben ser entendidos los valores ético morales plasmados en el art. 8 de la CPE), es también la génesis directa de la justicia e igualdad; por lo que se parte de ése enfoque para realizar un adecuado análisis de los hechos demandados, buscando procurar la realización de la “justicia material” como objetivo axiológico y final, siempre desde un enfoque que respete la interculturalidad. Razones por las que debe entenderse la protección constitucional en un sentido extensivo, que abarque su definición desde un punto de vista que comprenda también su significado desde la cosmovisión plurinacional que compone el Estado.

           A partir de lo hasta aquí aseverado, corresponde realizar el análisis siguiente, en correspondencia o no, de los actos denunciados; por lo que en cumplimiento y aplicación de la jurisprudencia constitucional plurinacional desarrollada en los Fundamentos Jurídicos III.2 y III.3 del presente fallo Constitucional, se tiene que el art. 129.II de la CPE, concordante con el art. 55.I del CPCo, establecen que la acción de amparo constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial.