SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0844/2017-S1

         El derecho a la defensa, entre tanto elemento configurador del debido proceso, se encuentra instituido en los arts. 115.II y 119.II de la CPE, norma constitucional que la cataloga como un derecho inviolable, constituyéndose en una de las garantías más elementales para el desarrollo del proceso penal, ya que permite al imputado contrarrestar las acusaciones formuladas en su contra por la instancia de persecución penal, ya sea a través del ofrecimiento y producción de pruebas, la activación de recursos previstos en el ordenamiento jurídico o simplemente por ser escuchado por la autoridad llamada por ley. En este marco, el entonces Tribunal Constitucional, en la SC 0887/2010-R de 10 de agosto, sostuvo que: “En el orden constitucional, no obstante que el derecho a la defensa es un instituto integrante de las garantías del debido proceso, ha sido consagrado en forma autónoma, precisando de manera expresa en el art. 16.II de la CPE abrg. que 'El derecho a la defensa en juicio es inviolable' y en el       art. 115.II de la CPE, que: 'El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones'. Preceptos que resaltan esta garantía fundamental, que debe ser interpretada siempre conforme al principio de la favorabilidad, antes que restrictivamente’”. En similar sentido, la             SCP 0567/2012 de 20 de julio, que cita a su vez la SC 1670/2004-R de 14 de octubre, en cuanto al alcance del derecho a la defensa declaró lo siguiente: “‘…es necesario establecer los alcances del derecho a la defensa reclamado por la recurrente, sobre el cual este Tribunal Constitucional, en la SC 1534/2003-R, de 30 de octubre manifestó que es la: «(…)potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio presentando las pruebas que estime conveniente en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea. Asimismo, implica la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal en las mismas condiciones con quien lo procesa, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos»; interpretación constitucional, de la que se extrae que el derecho a la defensa alcanza a los siguientes ámbitos: i) el derecho a ser escuchado en el proceso; ii) el derecho a presentar prueba; iii) el derecho a hacer uso de los recursos; y, iv) el derecho a la observancia de los requisitos de cada instancia procesal”’ (Reiterado por la SCP 0767/2016-S3 de 4 de julio). De la misma manera, el entonces Tribunal Constitucional, en la SC 1842/2003-R de 12 de diciembre, en lo concerniente al derecho a la defensa, identificó dos connotaciones esenciales, señalando que: “…La primera es el derecho que tienen las personas, cuando se encuentran sometidas a un proceso con formalidades específicas, a tener una persona idónea que pueda patrocinarle y defenderle oportunamente, mientras que la segunda es el derecho que precautela a las personas para que en los procesos que se les inicia, tengan conocimiento y acceso de los actuados e impugnen los mismos con igualdad de condiciones conforme a procedimiento preestablecido y por ello mismo es inviolable por las personas o autoridad que impidan o restrinjan su ejercicio…”