SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0643/2018-S2

Carmen Lizarazu Vda. de Borda, como legítima propietaria de un terreno agrícola de 13 324 m² de superficie, ubicado en el ex fundo Flores Rancho (Konchupata) de Cliza, provincia Jordán del departamento de Cochabamba, según Título Ejecutorial 712786 expedido el 2 de agosto de 1983, registrado en Derechos Reales (DD.RR.), transfirió dicho terreno a Crisólogo Bohórquez y Prisca Ugarte, título que fue registrado en DD.RR. el 9 de noviembre de 1991; quienes a su vez  transfirieron a sus personas, el citado inmueble, el 10 de febrero de 1993, actuación que consta en el Testimonio de Derechos Reales, con número de partida 292 del Libro 1 de Propiedad de la provincia de Cliza, el 21 de mayo de 1993, actualmente con la Matrícula computarizada 3081010003685, bajo el Asiento A-1 el 28 de noviembre de 2016.

En 1998 interpusieron demanda ordinaria de acción reivindicatoria sobre 628,15 m² del total de los 13 324 m² contra Anselmo Zapata Arias y Domitila Ponce Tordoya, emitiéndose Sentencia en primera instancia que declaró probada la demanda; posteriormente, en grado de apelación se anuló obrados disponiendo que se inicie una nueva demanda ante autoridad competente; es decir, ante el Juez Agroambiental de Punata.

Sostiene que ante el continuo avasallamiento y despojo que sufrieron sobre su propiedad, concretamente, en la extensión de 628,15 m², ocurrido desde septiembre de 1997 hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar, presentaron nuevamente demanda de mejor derecho y reivindicación contra los avasalladores Anselmo Zapata Arias y Domitila Ponce de Zapata, misma que fue declarada improbada, mediante Sentencia 14/2017 de 4 de agosto, dictada por la Jueza Agroambiental de Punata.

Dicha Sentencia fue objeto de recurso de casación en la forma y en el fondo, el mismo que fue resuelto mediante Auto Nacional Agroambiental S 1ª 73/2017 de 9 de octubre, pronunciado por los Magistrados de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental, quienes declararon infundado de manera injusta e ilegal; ya que,  con dicho fallo vulneraron el derecho al debido proceso en sus componentes de  motivación y congruencia, al no haber dado respuesta a diez puntos en cuales detallaron la lesión a su derecho propietario y las pruebas de las acciones de hecho y desposesión que presentaron y que no fueron valoradas por los tribunales inferiores.