SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0112/2018-S2

El representante y el abogado copatrocinante del accionante, ratificaron inextenso el contenido de la acción tutelar presentada; manifestando que: 1) Además de las normas constitucionales invocadas en la misma, se lesionaron los arts. 8 de la DUDH y 25.1 de la CADH; por cuanto, los codemandados no consideraron las enfermedades de su defendido, respaldadas por sendos informes médicos y forenses, quien está en riesgo permanente de perder la vida; por lo que, siendo una persona adulta mayor a quien corresponde proteger su salud y la vida; 2) El Centro de Readaptación Productiva de Montero, es uno de los peores del Estado Plurinacional de Bolivia, teniendo un hacinamiento infrahumano; situación que motivó la presentación de esta acción constitucional, no a fin de obtener la libertad irrestricta del hoy accionante, sino a objeto que se proteja su vida, más aún si se advierte que cada día tiene que “suplicar” para tener un médico y enfermeros, por la diabetes que le aqueja, “…él tiene que andar descalzo le lastiman el dedo y el pie diabético se dan indicio de que se le puede llegar a perder el pie o la pierna tiene atrofia testicular que le causa dolor para hacer sus necesidades fisiológicas en continencia (…), el corazón también le falla es insulano dependiente”(sic); 3) El accionante merece cumplir detención domiciliaria en un lugar donde tenga las condiciones mínimas de temperatura, medicamentos, cuidados y otros, que le otorguen una atención adecuada y menos riesgo para su salud y la vida; 4) El impetrante de tutela tiene el cuarenta y tres por ciento de incapacidad permanente, por un accidente de trabajo que afectó su columna vertebral, siendo además una persona de la tercera edad; “…es por eso de que el 26 de octubre de que este señor coincidentemente tenía una audiencia de juicio oral seguramente de lo estar pensando lo que se le venía toda la noche se le subió el azúcar”(sic); 5) No obstante, la Jueza codemandada, le multó con                 Bs1 000.- (mil bolivianos), “…para un pobre hombre que está detenido…”, así como también al Policía que le permitió su salida por la salud, sin considerar que el Gobernador del Centro de Readaptación Productiva de Montero, conforme a la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, tiene toda las facultades legales para dar licencia al enfermo porque primero está la vida y la salud; 6) Así, “…sin la vida no existe la familia sin la vida no existe el trabajo”; derechos lesionados al impetrante de tutela, por el ejercicio del poder, que ni siquiera se cumplió el art. 90 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS), negándosele la cesación de su detención preventiva en tres oportunidades, inobservando la normativa constitucional y legal, que exige que se le otorguen medidas sustitutivas a la decisión restrictiva de su libertad, teniendo derecho a la detención domiciliaria por su edad;                   y, 7) Razones por la que, buscan la acción de libertad reparadora, tutelando su derecho a la vida, imponiendo en aplicación del art. 196 de la LEPS, la precitada detención domiciliaria, al tener su cliente derecho a tener una vejez digna, que no obtiene en el hacinamiento infrahumano en el que se encuentra.

A las preguntas realizadas por el Presidente del Tribunal de garantías, referidas a qué resultado tuvo la acción de libertad inicialmente formulada por el accionante, con iguales fundamentos al de la presente y el retiro de la misma presentado el 15 de noviembre de 2017; los abogados del impetrante de tutela respondieron que, dicha acción constitucional fue retirada, al ser “ilegalmente” remitida del Distrito Judicial de Santa Cruz, a la localidad de Montero, no teniendo conocimiento alguno del resultado del retiro efectuado, al no haber sido “notificados con nada”.

El representante del accionante denuncia la vulneración de los derechos a la libertad de locomoción, a la dignidad, a la vida, a la salud, al trabajo y a la familia; alegando que dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión de los delitos de estafa y estelionato, las autoridades judiciales codemandadas: 1) En tres oportunidades negaron sus solicitudes de cesación de la detención preventiva, sin considerar su condición de persona de adulto mayor y su delicado estado de salud, corriendo peligro su vida a consecuencia de la falta de atención médica y a las condiciones de hacinamiento del recinto penitenciario en el que se encuentra; y,              2) Negaron de forma injusta el requerimiento que efectuó el 24 de octubre de 2017, pidiendo permiso de emergencia para ser atendido en un centro de salud. Razones por las que, solicita se conceda la tutela, restituyendo sus derechos a la libertad y a la vida, ordenando el cese inmediato de su detención preventiva y se le otorgue la medida sustitutiva de detención domiciliaria y únicamente en caso de resistencia de las autoridades demandadas, se remitan obrados de la presente acción tutelar ante el Ministerio Público anticorrupción, para el procesamiento legal correspondiente.