SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0839/2019- S2

Ahora bien, partiendo de dichas normas y de la distinción entre el concepto de igualdad formal y material[14], “…se debe entender que una cosa es la igualdad supuesta que existe en los textos, tales como el reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres en el texto constitucional; sin embargo, de esa igualdad formal, existe una igualdad material, que no es efectiva, porque las mujeres, los ancianos, y los niños o niñas, se encuentran materialmente en desventaja dentro de nuestra realidad social. Así pues, diremos que se entiende a la discriminación positiva, como el conjunto de normas políticas, sociales o económicas que se insertan dentro del ordenamiento jurídico, para así, tratar de reparar injusticias, que son producto de la misma sociedad y de su naturaleza. De esta forma se trata de encontrar un equilibrio mediante un marco legislativo; esto significa ’tratar con desigualdad, en favor de un grupo que se encuentra en desventaja y por tanto en una situación desigual y desfavorable’” SC 0993/2010-R de 23 de agosto. En tal sentido, la jurisprudencia constitucional -como se mencionó previamente- estableció y legitimó que por ser consideradas las personas adultas mayores, parte de los llamados grupos vulnerables o de atención prioritaria, sus derechos encuentran una protección reforzada frente al resto de la población, así mismo lo determinó la SCP 0112/2014-S1 de 26 de noviembre (por mencionar alguna), que justificó éste trato preferente:“…dado que la vejez supone la pérdida de medios de subsistencia ya sea por el advenimiento de enfermedades y su consecuente pérdida de la salud o ya sea porque pasan al grupo de personas inactivas económicamente, viéndose limitadas por tal motivo en el ejercicio de sus derechos”.

Por lo someramente expuesto hasta aquí, es posible colegir que nuestro texto constitucional reconoce derechos y un trato preferencial, aplicables para determinados grupos sociales, sin que ello signifique el desconocimiento a la igualdad que propugna la Norma Suprema; sino que por el contrario, el propósito es lograr materializar la anhelada igualdad de oportunidades, mejor calidad de vida y el “vivir bien” de todos los bolivianos; y, en el caso específico de los adultos mayores, a través de los precitados arts. 67 y 68 de la CPE, cuya protección específica, se encuentra vinculada al cuidado especial que merece la condición física y mental de las personas de la tercera edad, circunstancias que constituyen a éste sector poblacional, en un grupo de protección reforzada, debido la vulnerabilidad a la que son susceptibles en consideración de las condiciones aludidas, que les significan la imposibilidad de dar una respuesta adecuada o proporcional a situaciones de agresión.

Adicionalmente, éstos factores son un llamado a las autoridades administrativas y servidores públicos, quienes se encuentran compelidos a ponderar y contrastar, los principios, derechos y garantías constitucionales, respecto de las reglas formales que son aplicables al caso, a efecto de materializar el “vivir bien”; pues cuando las decisiones implican el interés de sectores poblacionales vulnerables, no puede dejarse en desprotección a los agraviados, pues su deber recae en asegurar la observancia de esos derechos, principios y garantías que incluye la Ley Fundamental (que por el sólo hecho de estar contenidos en ella gozan de primacía constitucional respecto de las normas legales- reglas, contenidas en las leyes formales o materiales, códigos sustantivos o procesales, disposiciones reglamentarias en general, etc.); factores que dejan descubierto el deber de todo individuo, servidor público, autoridades administrativas y jueces de dar atención prioritaria y asegurar el cumplimiento de derechos, principios y garantías constitucionales que involucren así sea indirectamente a sectores poblacionales de protección prioritaria.

La directa aplicabilidad de todos los derechos fundamentales, consagrada en el art. 109.1 de la CPE, significa un cambio esencial en el rol tanto del juez como de las autoridades administrativas e implica el uso de un criterio esencial de interpretación denominado: interpretación desde y conforme la Constitución, de manera que la labor y desempeño de los servidores públicos, debe estar guiada por pautas o criterios hermenéuticos que aseguren que su decisión garantice el respeto a los derechos fundamentales que son de aplicación directa, más aún cuando de su decisión dependa la resolución de controversias que involucren el ejercicio de los derechos constitucionales de sectores poblacionales de protección prioritaria.

Consecuentemente, el trato diferenciado -en éste caso por razones de edad-, no constituye una discriminación cuando: 1) Persigue un fin aceptado constitucionalmente; y, 2) La medida empleada (o medios) y las cargas que se establecen a la parte afectada, no resulten excesivas (es decir que no limiten o afecten desproporcionalmente los derechos de las otras personas).