SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0127/2021-S3

Fernando Dips Zogbi, Gerente General de COTEL R.L. en audiencia, a través de su apoderado, refirió: i) A consecuencia de los procesos seguidos contra la Cooperativa le fue impuesta una sanción por un supuesto incumplimiento de metas de las gestiones 2002 y 2003; por lo que, posteriormente la ATT interpuso la demanda coactiva fiscal dando lugar a la retención de fondos, donde la autoridad judicial si bien determinó la subsistencia de las retenciones de ciertas cuentas, a su vez dispuso levantar el congelamiento de las cuentas que cursan en el Banco Unión S.A., Banco Solidario S.A. y Banco Fortaleza S.A.; por lo que, en mérito a esa determinación COTEL R.L. solicitó la transferencia de “25 millones” a las cuentas de “UNISUELDO” por concepto de salarios, a lo que el Banco Unión S.A. dio curso; lamentablemente, pese a esta expresa determinación, y ante el incumplimiento de la misma por parte del Banco Sol se tuvo que recurrir ante la ASFI, enviando la denuncia el 11 de diciembre -no indica año- y reiterándola el 19 de ese mes; al respecto, el Banco Solidario S.A. manifestó que procedió al cumplimiento de la orden en sentido de que se mantenían otro tipo de retenciones y que COTEL R.L. no mantiene en esa entidad financiera una cuenta con la finalidad de pagar salarios, siendo por ello que presentaron un reclamo de segunda instancia de acuerdo al procedimiento que establece la ASFI indicando que no se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Juez Tercero -de Partido, Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario de la Capital del departamento de La Paz-; toda vez que, hasta ese momento COTEL R.L. no podía realizar la disposición de montos de dinero para la cancelación de salarios; y, ii) Ante ello la ASFI responde por medio de la Circular “8592020” que en su parte pertinente señala que el Banco Solidario S.A. dio respuesta, pero que SUTCOTEL activó la vía constitucional para la resolución de la problemática, indicando que corresponde a esa instancia conceder o denegar la tutela solicitada; en este sentido, la ASFI de manera expresa reconoció que la instancia constitucional es la competente para determinar o no la tutela.