Auto Supremo AS/0892/2019

Entre estos instrumentos internacionales se encuentra el Pacto de San José de Costa Rica, denominado también Convención Interamericana de Derechos Humanos, que fue ratificado por Bolivia mediante Ley Nº 1599 de 18 de octubre de 1994 que, por su esencia y temática, conforme a lo expuesto supra, se encuentra amparada por el principio de supremacía constitucional; instrumento que entre los órganos competentes para conocer los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados partes creó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH, cuyas decisiones también forman parte del Bloque de Constitucionalidad tal como lo establece la Sentencia Constitucional Nº 0110/2010-R de 10 de mayo que al respecto señala: “… las Sentencias emanadas de la CIDH, por su naturaleza y efectos, no se encuentran por debajo ni de la Constitución Política del Estado tampoco de las normas jurídicas infra-constitucionales, sino por el contrario, forman parte del bloque de constitucionalidad y a partir del alcance del principio de supremacía constitucional que alcanza a las normas que integran este bloque, son fundamentadoras e informadoras de todo el orden jurídico interno, debiendo el mismo adecuarse plenamente a su contenido para consagrar así la vigencia plena del “Estado Constitucional” enmarcado en la operatividad del Sistema Interamericano de Protección a Derechos Humanos.”; de esta manera, se infiere que las decisiones que emanen de la CIDH tienen carácter vinculante, pues lo contrario supondría desconocer la propia Convención