ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 144/2020 Y SU ACUMULADA 185/2020. COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE VERACRUZ Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 30 DE MAYO DE 2022. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: IVETH LÓPEZ VERGARA.

15. A. El Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (por conducto de su subdirectora de Servicios Jurídicos), rindió conjuntamente su informe en relación con ambas acciones de inconstitucionalidad, en el que, en síntesis, expuso lo siguiente:

a) El artículo 24 de la Constitución General no delega al Congreso de la Unión la facultad de legislar sobre "matrimonio", lo que revela que esa atribución pertenece a las entidades federativas, con base en lo cual se expidió el decreto de reforma impugnado.

b) El decreto de reforma impugnado se expidió atendiendo a las recomendaciones de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que fueron adecuadas a la institución del matrimonio, al utilizar los términos "hombre" y "mujer" en igualdad de circunstancias, al eliminar los aspectos discriminatorios en perjuicio de la mujer, al reconocer el trabajo doméstico, al otorgar medidas de protección contra la violencia familiar; todo ello en términos del artículo 4o. de la Carta Magna (igualdad de género).

c) Las normas impugnadas no son excluyentes porque no prohíben a nadie contraer matrimonio; siendo que la definición de esa institución es intrascendente para este asunto.

d) No existe mandato específico de la Constitución General que obligue a los Estados a legislar atendiendo a las preferencias sexuales; siendo que no se encontraron las circunstancias políticas y sociales adecuadas para realizar una modificación profunda a la conceptualización tradicional del matrimonio.

16. B. El gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (por conducto de su secretario de Gobierno) rindió su informe en relación con ambas acciones de inconstitucionalidad en dos documentos por separado, en los que, en síntesis, expuso lo siguiente:

a) Los conceptos de invalidez son ineficaces, toda vez que las normas tildadas de inconstitucionales derivan del artículo 75 del Código Civil para el Estado de Veracruz que no fue comprendido en el decreto de reforma, por lo que no nos encontramos frente a un nuevo acto legislativo que permita su escrutinio, al tenor de la jurisprudencia P./J. 25/2016 (10a.), de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NUEVA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO."

b) Es falso que las normas impugnadas resulten discriminatorias en función de la preferencia sexual de las personas, dado que dichas disposiciones manejan un lenguaje incluyente; además de que el matrimonio igualitario puede llevarse a cabo en cumplimiento a una sentencia de amparo que ordene celebrarlo a un oficial del Registro Civil o, incluso, en otra entidad federativa en la que el matrimonio entre personas del mismo sexo esté reconocido al tenor de la jurisprudencia P./J. 12/2011, de rubro: "MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO EN EL DISTRITO FEDERAL. TIENE VALIDEZ EN OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS CONFORME AL ARTÍCULO 121 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA (ARTÍCULO 146 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 29 DE DICIEMBRE DE 2009)."

c) El Congreso Local es quien cuenta con competencia e independencia para legislar en materia de matrimonio, por lo que sólo a él corresponde, cuando lo estime conveniente, reformar la ley.