SENTENCIA CONSTITUCIONAL Nº 59/2002
Fecha: 16-Jul-2002
I.3
I.3 El art. 7-a) de la Constitución Política del Estado reconoce el derecho a la seguridad jurídica, entendida como la cualidad que debe tener el ordenamiento jurídico de producir certeza, estabilidad y confianza en la sociedad. Asimismo, el art. 2 con relación al art. 1 de la Ley Fundamental, que regula la forma representativa de gobierno en Bolivia, y el ejercicio soberano e inalienable del ciudadano que no se encuentra delegado a aquellos que no fueron elegidos por el pueblo, sino hacia quienes por medio de técnicas legislativas adecuadas eviten el desorden, la inseguridad y la confusión, por eso el art. 29 de la Constitución determina que sólo el Poder Legislativo tiene facultad para alterar y modificar los Códigos, así como para dictar reglamentos y disposiciones sobre procedimientos judiciales.
- CONSIDERANDO I
- I.1
- I.2
- I.3
- I.4
- I.5
- I.6
- I.7
- II.1
- II.2
- II.3
- II.4
- II.5
- III.1
- III.2
- IV.1
- IV.2
- V.1 El D.S. Nº 25514 de 17 de septiembre de 1999,
- Fragmento 19
- la forma de ejecutar la sentencia se sujetará a las previsiones del art. 33 de la Ley Nº 1760,
- V.3 El D. S. Nº 25959 de 21 de octubre de 2000,
- contrato de arrendamiento
- El art. 11 de este Decreto
- el art. 13
- cuya decisión dependa de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley,
- En este caso, las disposiciones impugnadas, arts. 29 del D.S. Nº 25514, 11 y 13 del D.S. Nº 25959, no son normas que van a ser aplicadas en la resolución del proceso ordinario, como lo establece el art. 59 de la Ley 1836, ya que,
- En consecuencia, no puede ingresarse al análisis de la constitucionalidad de las normas contra las que recurre José Santiago Flores Balanza, porque -se reitera- no son disposiciones a aplicarse durante la tramitación del proceso ordinario que sigue contra el Banco Bisa S.A. ni en la dictación de la sentencia respectiva.
- CONSIDERANDO VII
- POR TANTO: