SENTENCIA CONSTITUCIONAL Nº 59/2002

I.7   Afirma que las normas objetadas modifican el proceso de ejecución de cobro de acreencias y accesorios, que se realiza a través de un trámite de naturaleza sumaria y especial, “ahora convertido en uno de desalojo” porque de un “simple contrato de arrendamiento financiero” se obliga al juzgador a disponer que dentro de tercero día el vendedor  de un inmueble, previo pago del precio  por la venta, lo desocupe bajo apercibimiento de desapoderamiento con facultad de allanamiento,  todo lo que resulta contrario a los arts.  7-i), 16, 22 y 32 de la Constitución.

De acuerdo a lo expuesto, interpone Recurso Indirecto o Incidental de Inconstitucionalidad, solicitando sea admitido y elevado al Tribunal Constitucional, para que este órgano declare la inconstitucional de  los arts. 29 del D.S. Nº 25514 de 17 de  septiembre de 1999, 11 y 13 del D.S. Nº  25959 de 21 de octubre de 2000, por ser contrarios al sentido de los arts. 29 y 59-1) de la Constitución Política del Estado.