SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0771/2003-R

Sin embargo, la responsabilidad del ente regulador no se agota en la legalidad de sus resoluciones, sino que es una exigencia insoslayable la fundamentación clara, coherente y precisa de toda decisión administrativa. Así, en el caso aludido líneas arriba, si el informe presentado al Tribunal de amparo, hubiera tenido la claridad y precisión del segundo informe remitido por la SITTEL a este Tribunal, el administrado tal vez no hubiera recurrido de amparo; dado que el el agravio  invocado en realidad no existió, como se desprende del aludido informe en el que se puntualiza de manera textual “Que la autorización de realizar el citado cobro, emitida a favor de los operadores del servicio local de telecomunicaciones (como lo es COTAS LTDA), emana de la ley 2342 de 25 de abril de 2002- aspecto que nunca ha objetado la Superintencia de Telecomunicaciones- en tanto que la cuestionada RAR 2002/01062, viene a aprobar la oferta básica de interconexión de COTAS LTDA, documento que se constituye en uno de los mecanismos existentes para la realización de la interconexión, que contiene el detalle de los elementos de orden técnico, económico, comercial, jurídico y administrativo, y servicios de apoyo, que un operador de red pública ofrece para la interconexión, consecuentemente se trata de dos materias independientes” (Las negrillas son nuestras).  Y es que la claridad que exige el principio de certeza, obliga a la administración pública en general,  a ser clara, puntual y precisa en sus resoluciones;  todo lo anotado, determina la necesidad de control judicial de los actos de la administración..