SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0141/2004

"Que, uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es el principio de la jerarquía, el cual consiste en que la estructura jurídica de un Estado se basa en criterios de niveles jerárquicos que se establecen en función de sus órganos emisores, su importancia y el sentido funcional; de manera que una norma situada en un rango inferior no puede oponerse a otra de superior rango. Ese principio fundamental está consagrado por el art. 228 de la Constitución.

Que, en el marco del referido principio fundamental concordante con los principios de la soberanía popular y la supremacía constitucional, el Constituyente ha distribuido las competencias para la elaboración y emisión de las disposiciones legales, habiendo asignado al Órgano Legislativo, como expresión de la voluntad popular, la potestad privativa de "dictar leyes, abrogarlas, derogarlas, modificarlas e interpretarlas", así dispone expresamente el art. 59.1ª de la Constitución; en cambio al Órgano Ejecutivo le ha asignado la potestad de "ejecutar y hacer cumplir las leyes, expidiendo los decretos y órdenes convenientes, sin definir privativamente los derechos, alterar los definidos por Ley ni contrariar sus disposiciones..."

En este caso, como se tiene analizado, es una Resolución Ministerial la que vulnera el principio de jerarquía normativa, situación que debe ser corregida a efectos de  resguardar el orden constitucional y el cumplimiento del mandato del art. 228 de la Ley Suprema del ordenamiento jurídico boliviano.

Es menester mencionar que lo dispuesto por los arts. 162  de la CPE y 4 de la LGT, en relación a la irrenunciabilidad de los derechos y beneficios de los trabajadores y la nulidad de las convenciones en contrario, no puede ser aplicado al asunto que hoy se resuelve por cuanto el incremento salarial en el sector privado  no constituye un derecho consolidado a favor de la parte laboral, sino que podrá acordarse el mismo previa negociación y consenso con el  empleador, a más que como se ha referido, no existe  mandato constitucional ni legal para que la negociación de tal incremento sea obligatorio sobre la base de  cierto porcentaje, monto, cuantía, o parámetro.