SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0058/2004

De otro lado, respecto a los alcances de la potestad reglamentaria, este Tribunal Constitucional, en su SC 013/2003, de 14 de febrero, ha desarrollado la siguiente doctrina: “(..) uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es el principio de la jerarquía, el cual consiste en que la estructura jurídica de un Estado se basa en criterios de niveles jerárquicos que se establecen en función de sus órganos emisores, su importancia y el sentido funcional; de manera que una norma situada en un rango inferior no puede oponerse a otra de superior rango. Ese principio fundamental está consagrado por el art. 228 de la Constitución.

“(...) en el marco del referido principio fundamental concordante con los principios de la soberanía popular y la supremacía constitucional, el Constituyente ha distribuido las competencias para la elaboración y emisión de las disposiciones legales, habiendo asignado al Órgano Legislativo, como expresión de la voluntad popular, la potestad privativa de 'dictar leyes, abrogarlas, derogarlas, modificarlas e interpretarlas', así dispone expresamente el art. 59.1ª de la Constitución; en cambio al Órgano Ejecutivo le ha asignado la potestad de 'ejecutar y hacer cumplir las leyes, expidiendo los decretos y órdenes convenientes, sin definir privativamente los derechos, alterar los definidos por Ley ni contrariar  sus disposiciones..', así dispone el art. 96.1ª de la Ley Fundamental. Conforme a lo referido se establece que existe una clara diferencia, no sólo formal sino material, entre la Ley y el Decreto Supremo; pues, en cuanto al contenido se refiere, la primera establece el conjunto de normas generales y obligatorias a cuyo cumplimiento uno está compelido por la fuerza, en cambio el segundo establece disposiciones legales específicas que desarrollan, es decir, reglamentan las normas generales previstas por la Ley, sin desconocer, suprimir, ni modificar los derechos y obligaciones establecidos por ésta; de otro lado, en cuanto se refiere al lugar que ocupan en la jerarquía normativa, la Ley, como expresión de la voluntad popular, se encuentra en un nivel superior al Decreto Supremo, por lo que éste debe subordinarse a aquella”.

De la jurisprudencia glosada se infiere lo siguiente: a) conforme a lo previsto por el art. 96.1ª de la Constitución, corresponde al órgano Ejecutivo la potestad reglamentaria, pues el Constituyente le asignó la función de ejecutar y hacer cumplir las leyes, expidiendo los decretos y órdenes convenientes; b) el ejercicio de la potestad reglamentaria tiene sus límites, de un lado, por expresa previsión del art. 96.1ª de la Ley Fundamental, por cuyo mandato los Reglamentos expedidos por el Ejecutivo no pueden definir privativamente derechos, alterar los definidos por ley ni contrariar sus disposiciones; y, del otro, por el principio de reserva legal.