SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0044/2005-R

III.4. Por otra parte, corresponde señalar, que la jurisprudencia constitucional, ha dejado claramente establecido que: “(…) para solicitar tutela en materia de amparo, la parte recurrente al margen de cumplir estrictamente los requisitos previstos en el art. 97 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), cuando se trata de actos ilegales que recaigan sobre bienes que estén vinculados al derecho de propiedad o de posesión, debe demostrar la inexistencia de discusión o controversia sobre los mismos para legitimar su denuncia en esta jurisdicción, exigencia que resulta esencial para la concesión de la tutela, por cuanto no podrá tenerse como amenazado, restringido o suprimido un derecho cuando no se tiene certeza de que el recurrente es el verdadero titular del derecho, pues de otorgarse la tutela se crearía inseguridad jurídica y se dejaría una posibilidad de lesionar derechos del que resulte el verdadero titular, que puede ser tanto la parte recurrida como un tercero” (SC 0749/2003-R, de 4 de junio).

En este marco, se tiene que en el caso que se revisa, sobre los terrenos en cuestión, existe controversia, situación que amerita la improcedencia del presente recurso e impide realizar consideraciones de fondo; por cuanto, para solicitar tutela, el derecho cuya vulneración se denuncie, no debe estar controvertido y tampoco debe ser expectativo, sino firme y consolidado a favor de la parte recurrente, pues de no ser así no puede otorgarse tutela.

III.4. Por otra parte, corresponde señalar, que la jurisprudencia constitucional, ha dejado claramente establecido que: “(…) para solicitar tutela en materia de amparo, la parte recurrente al margen de cumplir estrictamente los requisitos previstos en el art. 97 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), cuando se trata de actos ilegales que recaigan sobre bienes que estén vinculados al derecho de propiedad o de posesión, debe demostrar la inexistencia de discusión o controversia sobre los mismos para legitimar su denuncia en esta jurisdicción, exigencia que resulta esencial para la concesión de la tutela, por cuanto no podrá tenerse como amenazado, restringido o suprimido un derecho cuando no se tiene certeza de que el recurrente es el verdadero titular del derecho, pues de otorgarse la tutela se crearía inseguridad jurídica y se dejaría una posibilidad de lesionar derechos del que resulte el verdadero titular, que puede ser tanto la parte recurrida como un tercero” (SC 0749/2003-R, de 4 de junio).

En este marco, se tiene que en el caso que se revisa, sobre los terrenos en cuestión, existe controversia, situación que amerita la improcedencia del presente recurso e impide realizar consideraciones de fondo; por cuanto, para solicitar tutela, el derecho cuya vulneración se denuncie, no debe estar controvertido y tampoco debe ser expectativo, sino firme y consolidado a favor de la parte recurrente, pues de no ser así no puede otorgarse tutela.