SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0027/2006-R

III.8. Con relación al derecho de petición invocado, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional con relación al derecho de petición consagrado por el art. 7 inc. h) de la CPE, en las SSCC 0189/2001-R, 1148/2002-R y 1477/2004- R, entre otras, ha establecido que: “debe entenderse el mismo como la potestad, capacidad o facultad que tiene toda persona de formular quejas o reclamos frente a las conductas, actos, decisiones o resoluciones irregulares de los funcionarios o autoridades públicas o la suspensión injustificada o prestación deficiente de un servicio público, así como el de elevar manifestaciones para hacer conocer su parecer sobre una materia sometida a la actuación de la administración o solicitar a las autoridades informaciones; en sí es una facultad o potestad que tiene toda persona para dirigirse, individual o colectivamente, ante las autoridades o funcionarios públicos, lo que supone el derecho a obtener una pronta resolución, ya que sin la posibilidad de exigir una respuesta rápida y oportuna carecería de efectividad el derecho. En consecuencia, el ejercicio del derecho supone que una vez planteada la petición, cualquiera sea el motivo de la misma, la persona adquiere el derecho de obtener pronta resolución, lo que significa que el Estado está obligado a resolver la petición. Sin embargo, el sentido de la decisión dependerá de las circunstancias de cada caso en particular y, en esa medida podrá ser positiva o negativa”.

En ese mismo sentido, la SC 0692/2003-R, de 22 de mayo determina que se tendrá por lesionado el derecho de petición cuando “la autoridad no la responde en un tiempo razonable ya sea en sentido positivo o negativo, vale decir, que en los casos en que no hubiese una respuesta oportuna y motivada se tiene el derecho como lesionado pero no cuando existe la respuesta negativa, pues el derecho no exige la concesión de lo solicitado”; razonamiento que sigue la línea jurisprudencial trazada por este Tribunal que establece que el núcleo esencial de este derecho “comprende la respuesta pronta y oportuna, resolviendo en lo posible la petición en sí misma, es decir resolviendo el asunto objeto de la petición".

En ese sentido, y aunque el recurrente no ha demostrado que cada uno de sus mandatarios, en su calidad de jueces de Partido, actuando individual o colectivamente hubiesen presentado memorial alguno impugnando la convocatoria aludida, siendo las impugnaciones a la convocatoria efectuadas por AMABOL, y en particular por AMABOL Chuquisaca, las que de acuerdo con la documentación que cursa en el expediente podrían ser las que en su representación, de un modo general, fueron formulados sus cuestionamientos, y respecto de las cuales, como se tiene evidenciado, fue la Secretaría General que les hizo conocer a ambas entidades colegiadas sendas respuestas a las solicitudes aludidas; se infiere que no puede tenerse por vulnerado el derecho de petición consagrado en el art. 7 inc. h) de la CPE, pues este derecho esencialmente no implica que el peticionante tenga el derecho de exigir siempre una respuesta positiva, sino a tener una respuesta oportuna y motivada.

En ese sentido, respecto al derecho de petición presuntamente vulnerado, la jurisprudencia constitucional, ha establecido que ese derecho se puede tener por lesionado “cuando la autoridad a quien se presenta una petición o solicitud, no la atiende; es decir, no la tramita ni la responde en un tiempo oportuno o en el plazo previsto por Ley” (SSCC 189/2001-R y 776/2002-R, entre otras).