SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0236/2006-R

Esto implica que la autoridad Fiscal recurrida, pese a la Resolución de rechazo de las actuaciones policiales y al archivo de obrados, atribuyéndose facultades que la ley no le reconoce, adoptó una decisión cuando el proceso penal estaba concluido, al suspender el trámite de nacionalización que es de absoluta competencia de la Aduana Nacional. En tal mérito, tanto la readecuación de procedimiento de 21 de junio de 2004 dictada por el anterior Fiscal como los decretos de 7 de abril y 2 de mayo de 2005 dictados por el Fiscal recurrido constituyen actos ilegales que  vulneran el derecho a la seguridad jurídica de los recurrentes, entendida por este Tribunal como la: "(...) condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran. Representa la garantía de la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio" (AC 287/1999-R, de 28 de octubre); en cuyo mérito corresponde otorgar la tutela prevista por el art. 19 de la CPE.