SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0301/2006-R

Con esos antecedentes, interpone recurso de amparo constitucional, por una parte, contra Eduardo Maclean Abaroa, Gerente General de F.C.A., Eloy Quisbert, Federación de Trabajadores, Federico Melgarejo, Secretario General del Sindicato de Viacha, Alejandro Navarro, Jefe del Departamento de Personal, Iver Calzadilla, Jefe Sección Estaciones, Cynthia Aramayo, Asesora Legal, Reynaldo Gonzáles, Jefe de Departamento Contraloría y Estudios, José Taborga, Gerente de Pasajeros, y por otra, contra Juan Carlos López, Jefe de Estación de Villazón, Germán Flores Álvarez y Freddy Arias Vallejos, Guardias de seguridad de la F.C.A y Norma Martínez Torrejón, Notaria de Fe Pública de Villazón; solicitando sea declarado procedente, disponiendo se reparen los actos ilegales: 1) dejando sin efecto el memorando JPS/100/04/05, de 8 de abril de 2005, de cesación de sus funciones al no estar sustentado en la resolución de un proceso disciplinario interno o en una sentencia judicial de apropiación indebida emanada de autoridad competente; 2) se ordene la inmediata restitución a su fuente de trabajo y 3) se ordene la restitución de su vivienda y se remitan antecedentes al Ministerio Público contra Juan Carlos López Parrilla por el delito de allanamiento de domicilio.

1) Existió un hecho que debe ser juzgado y sancionado observando el debido proceso, lo que no aconteció en el caso ya que existen anomalías como la ilegal constitución del Tribunal Sumariante, pues conforme lo dispone el art. 22 del Reglamento Interno los informes sobre faltas de personal serán procesados por la sub-gerencia de recursos humanos que dispondrá el respectivo descuento y/o sanción, es más la sanción que se ha impuesto se sujeta a la previsión del arts. 104 inc. c) de la LGT y 9 de su Decreto Reglamentario que se contradicen con la previsión de los art. 128 inc. k) del Reglamento Interno de la empresa Ferroviaria Andina S. A.   En el sumario no existió periodo de prueba, tampoco existe  resolución o fallo final que determine la situación del recurrente, con lo que se ha atentado contra el principio de presunción de inocencia, el derecho a la defensa y el debido proceso;