SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0165/2007-R

El debido proceso es, entonces, la garantía que comprende, además de la presunción de inocencia que significa que nadie puede ser sancionado mientras no se pruebe su culpabilidad y el derecho a un juez natural, imparcial y competente, designado con anterioridad al acto que juzgará, las siguientes garantías mínimas para el procesado, según lo manifestó la SC 1274/2001-R, de 4 de diciembre: “…a) el derecho de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete; b) derecho de comunicación previa y detallada de la acusación formulada; c) concesión del tiempo y los medios adecuados para la preparación de su defensa; d) derecho a la defensa técnica y material; e) derecho a ser asistido por un defensor oficial proporcionado por el estado si, el procesado no tiene recurso para designar su defensor; f) derecho de interrogar a los testigos presentes; g) derecho a no declarar contra sí mismo ni a declarase culpable; y h) derecho de recurrir del fallo ante un Juez o Tribunal superior; así está prescrito por el art. 8.2 del Pacto de San José de Costa Rica incorporado a la legislación interna a través de la Ley 1430 de 11 de febrero de 1993” (las negrillas son nuestras). Tales garantías, existentes en materia penal, son, en lo conducente, aplicables a materia administrativa sancionadora.