SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0596/2007-R

Previo al ingreso del análisis del problemática planteada, conviene recordar la naturaleza y finalidad de la presente acción tutelar; en ese criterio, se tiene que la norma consagrada por el art. 19 de la CPE ha instituido el amparo constitucional como un recurso extraordinario que otorga protección inmediata contra los actos ilegales y las omisiones indebidas de autoridades o particulares que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir derechos y garantías fundamentales de la persona y que son reconocidos por la Constitución y las leyes, siempre que no hubiere otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados.

En ese entendido este Tribunal ha establecido de manera precisa el ámbito de protección del recurso de amparo, al señalar en la SC 880/2002-R, de 26 de julio que: “(...) por previsión del art. 19-IV de la Constitución y 94 de la Ley Nº 1836, el Recurso de Amparo es una garantía constitucional instituida para otorgar tutela y reparación inmediata ante la acusación de un acto ilegal u omisión indebida que amenace, restrinja o suprima un derecho o garantía constitucional.

Que, en atención a ello, y siguiendo estrictamente los preceptos citados, la persona que se considere agraviada en cualesquiera de sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, las Leyes de la República como los Tratados o convenios internacionales incorporados a nuestra legislación, debe plantear su demanda denunciando la vulneración de los mismos de la manera más rápida (...)”.