SENTENCIA CONSTITUCIONAL 2787/2010-R

Previamente al análisis de la problemática planteada en el presente recurso y en virtud a que fue presentado el Tribunal de garantías en vigencia de la Constitución Política del Estado ahora abrogada, es necesario precisar que las disposiciones constitucionales de la norma fundamental y fundamentadora de un Estado, son vinculantes para la configuración de su sistema jurídico; en consecuencia, aquéllas de rango inferior, deben adecuarse a su espíritu.

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, que abrogó icial"entrarla de 1967 y sus reformas posteriores, determina en su disposición final, que: “Esta Constitución aprobada en referéndum por el pueblo boliviano entrará en vigencia el día de su publicación en la Gaceta Oficial”; manteniendo su naturaleza jurídica y conservando, ontológicamente, su carácter de norma suprema y fundamental dentro de un Estado; así también, enfatiza su operatividad en el tiempo, que no es semejante a la de las normas ordinarias. En ese sentido, los derechos fundamentales, las garantías constitucionales y los principios constitucionales, adquieren plena e inmediata eficacia en el momento que la Constitución Política del Estado entra en vigor, por lo que deben aplicarse aún en casos pendientes de resolución e iniciados con anterioridad a su vigencia.

De acuerdo a las consideraciones efectuadas y conforme al mandato consagrado por el art. 410 de la Constitución Política del Estado vigente (CPE), componente de la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano que goza de primacía frente a cualquier otra disposición, toda actuación de este Tribunal, a objeto de cumplir el mandato constitucional y las funciones establecidas por los arts. 1 y 7 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC) y 4 de la Ley 003 de 13 de febrero de 2010, denominada Ley de Necesidad de Transición a los Nuevos Entes del Órgano Judicial y Ministerio Público, debe ser afín al nuevo orden constitucional en observancia y coherencia con los Tratados y Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos ratificados por el país y que forman parte del bloque de constitucionalidad; previsión establecida por el art. 6 de la Ley 003, al disponer que en la labor de resolución y liquidación de causas ingresadas hasta el 6 de febrero de 2009, el Tribunal Constitucional debe hacer prevalecer la primacía de la Constitución Política del Estado. Dentro de ese marco y considerando que la presente Sentencia es pronunciada en vigencia de la nueva Ley Suprema, se resuelve el caso concreto a la luz de las normas constitucionales actuales, aludiendo las invocadas al momento de plantear el recurso.