SENTENCIA CONSTITUCIONAL 2787/2010-R

La competencia es la titularidad que ejerce un determinado órgano de la administración pública sobre un conjunto de funciones y potestades atribuidas por el ordenamiento jurídico como tareas o actividades que puede realizar legítimamente. La jurisprudencia constitucional, al respecto la definió indicando que: “…el poder o aptitud legal de asumir y ejecutar decisiones que generen consecuencias jurídico-administrativas, siendo por tanto la medida de la potestad administrativa asignada por la Constitución y las leyes a órganos de la administración pública en cualquiera de sus niveles de administración u organización territorial”, se constituye en una “garantía constitucional”, con carácter “…indelegable, inconvalidable y emana solamente de la ley y de la Constitución; entonces (…) hace que el ordenamiento jurídico-constitucional boliviano le conceda un resguardo reforzado frente a actos de quienes usurpen funciones que no les competen o (…) de quienes ejerzan jurisdicción o potestad que no emane de la ley. A partir de este entendimiento, se puede inferir la teleología y el 'núcleo duro' de los arts. 31 de la CPEabrg y 122 de los CPE” (SC 0099/2010-R de 4 de mayo, entre otras).

          En ese mismo razonamiento, la reciente jurisprudencia constitucional consideró que las circunstancias por las que se alegue la falta de competencia y usurpación de funciones -sancionadas por el art. 122 de la CPE, antes por el art. 31 de la CPEabrg-, como hechos constitutivos de la lesión de derechos fundamentales de quien solicite la tutela a través de la acción de amparo constitucional, se subsumen a la protección que otorga el recurso directo de nulidad, como medio legal idóneo y eficaz para satisfacer esta pretensión. “En este ámbito de control de constitucionalidad vinculado directamente a la competencia, para proteger concretamente la garantía inserta en los arts. 31 de la CPEabrg y 122 de la CPE, el ordenamiento constitucional, de forma coherente y no aislada o paralela a otros mecanismos de defensa de derechos fundamentales, ha configurado el elemento específico de protección para el resguardo a los supuestos de hecho insertos en la normativa referida, que es precisamente el recurso directo de nulidad, desarrollado en los arts. 120.6 de la CPEabrg y 202.12 de la CPE.

          Por lo expuesto, del contenido de las disposiciones legales precedentemente citadas y de acuerdo a lo señalado por el art. 79 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), y en virtud al principio de separación de poderes, en mérito del cual el órgano ejecutivo en sus diferentes niveles se encuentra investido de potestad administrativa que deviene de la función administrativa encomendada y considerando que al órgano judicial, se le encomienda la administración de justicia a través de la función jurisdiccional, se colige que debe diferenciarse las esferas tanto administrativa como jurisdiccionales para establecer los alcances de la garantía inserta en los arts. 31 de la CPEabrg, y 122 de la CPE; entonces, (…) para la esfera administrativa; es decir, para actos administrativos existen dos supuestos claros para la procedencia del recurso directo de nulidad y la protección por tanto de la competencia: 1) La usurpación de funciones que no estén establecidas por ley; y, 2) El ejercicio de potestad, se entiende administrativa, que no emane de la ley.

En la esfera jurisdiccional y en concordancia con el art. 79.II de la LTC, existen también tres supuestos claros que forman el 'núcleo esencial' de esta garantía, siendo por tanto nulas las decisiones emitidas por autoridades judiciales en los siguientes supuestos: i) Resoluciones emitidas en ejercicio de jurisdicción o potestad que no emane de la Ley; ii) Las resoluciones o actos pronunciados por autoridad que usurpe funciones que no le compete; iii) Resoluciones pronunciadas por autoridad jurisdiccional que hubiere cesado en sus funciones.