SENTENCIA CONSTITUCIONAL 2787/2010-R

De los argumentos que sustentan la acción de amparo constitucional, formulada por el accionante y los manifestados en audiencia a través de su abogado patrocinante, cuestionando la competencia de las autoridades demandadas para promover la moción de voto constructivo de censura y consecuente remoción como Alcalde del Gobierno Municipal de Puerto Gonzalo Moreno, Mariano Aparicio Oliver, alega la transgresión al procedimiento establecido por el art. 51 de la LM, al respecto, incidiendo que Gabriela Jiménez Vaca, Ilsen Sánchez Domínguez y Nelsy Marupa Cuany, Concejalas de ese Municipio, se habrían arrogado funciones, enfatizando que “LA CONCEJAL SECRETARIA HACIÉNDOSE PASAR POR PRESIDENTA INTERINA” (sic), emprendió el ilegal proceso de censura conjuntamente las restantes Concejalas demandadas, quienes “NO FORMABAN PARTE DE LA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL Y QUE NINGUNA DE ELLAS TENÍA COMPETENCIA PARA CONVOCAR Y/O PRESIDIR LAS SESIONES MUNICIPALES” (sic); estas situaciones -a decir del accionante-, por consecuencia lógica derivaron en la negativa del a Corte Departamental Electoral de Pando, de asistir a la sesión en la que se consideraría la referida censura en su contra.

         Precisados los antecedentes relevantes del caso concreto, descritos en las Conclusiones de la presente Sentencia, se infiere que los actos alegados como lesivos y que originaron la sesión ordinaria en la que se consideró la censura del Alcalde Municipal de Puerto Gonzalo Moreno, Mariano Aparicio Oliver, según consta en el acta 46/2008 de 24 de diciembre, suscrita por las tres Concejalas demandadas y su consecuente Resolución Municipal 081/2008, por la que se concluyó en la remoción y censura de la autoridad edilicia, ratificada luego de la reconsideración de 13 de enero de 2009, a través de la cual, el accionante, en su calidad de directo afectado solicitó “una explicación de que manera y en base a que normativa fue que convocaron a sesión y quien presidió la misma” (sic), advierten circunstancias que reclaman la usurpación de funciones y en consecuencia, son susceptibles de consideración y protección por el recurso directo de nulidad, conforme a los razonamientos esgrimidos en el Fundamento Jurídico III.4.

Se concluye entonces que, el accionante, al invocar la falta de competencia de las Concejalas demandadas para promover su censura como Alcalde Municipal, a través del amparo constitucional y solicitar la restitución de las vulneraciones a sus derechos, cuestiona supuestos que son revisables a través del recurso directo de nulidad, como medio legal idóneo para el efecto.