SENTENCIA CONSTITUCIONAL 2787/2010-R

El recurso de amparo constitucional, consagrado como acción de amparo constitucional por el art. 128 de la CPE, antes considerado como un recurso por el art. 19 de la CPEabrg, se instituye en una acción tutelar de defensa contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la misma Constitución y la ley. Conforme esta precisión, se advierte el contenido del art. 94 la LTC.

La norma fundamental en vigencia, enfatiza que esta acción tutelar puede presentarse por la persona “…que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados” (art. 129.I de la CPE). Del mismo modo, el principio de inmediatez, también contenido en el referido precepto constitucional en su parágrafo II, precisando que esta acción, “…podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial”.