SENTENCIA CONSTITUCIONAL 2851/2010-R

El recurrente solicita tutela de los derechos de su representada al debido proceso, a la defensa, a recurrir y a la “seguridad jurídica”, denunciando que fueron vulnerados por las autoridades recurridas, puesto dentro del proceso ordinario de división y partición de inmueble, en recurso de casación, pronunciaron el Auto Supremo 119 de 5 de junio de 2008, en el que realizaron una errónea interpretación del art. 24.1 de la LAPCAF, disponiendo la nulidad de lo actuado hasta antes del pronunciamiento del Auto de Vista de 31 de enero de 2006, que concedió el recurso de apelación en el efecto diferido; posteriormente, dictaron el Auto Complementario de 17 de julio de 2008, indicando que la apelación de la excepción de prescripción debe ser concedida en el efecto diferido y no en el suspensivo. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes y si constituyen actos ilegales lesivos de los derechos fundamentales de la representada del recurrente, a fin de otorgar o denegar la tutela solicitada.