SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0325/2010-R

         El principio de inmediatez, entendido como el requisito de solicitar la tutela en forma pronta, oportuna y sin dilaciones innecesarias, es decir, una vez que se opere la vulneración del derecho y se agoten las vías legales ordinarias; se encuentra previsto en el art. 129.II de la CPE, que señala: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial.”; plazo establecido ahora expresamente en el citado precepto constitucional. No obstante, el mismo regía con anterioridad a la Constitución vigente, dado que a través de la jurisprudencia de este Tribunal que tiene carácter vinculante en virtud al art. 44 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), se estableció que el plazo para la interposición de esta acción de defensa era de seis meses, habiéndose indicado que el principio de inmediatez halla justificación en que la jurisdicción constitucional no puede aguardar de manera indefinida que el titular del derecho solicite su protección, pues en su propio interés debe ser diligente en cuanto al respeto y vigencia de sus derechos que sufren menoscabo, acudiendo sin ningún tipo de espera o dilación en busca de la protección que requiere. Razonamiento que conforme a lo señalado la SC 0770/2003-R de 6 de junio, “...resulta lógico, puesto que responde no sólo al principio de inmediatez sino también a los principios de preclusión y celeridad, los mismos que no sólo dependen de los actos de la autoridad sino también del peticionante, quien debe estar compelido por su propio interés a realizar el seguimiento que corresponda a su solicitud, de modo que cuando no ha sido diligente en propia causa no se puede pretender que esta jurisdicción esté supeditada en forma indefinida para otorgarle protección”.