SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0962/2011-R
Fecha: 22-Jun-2011
a)
Solicita se conceda y/o declare “procedente” la acción de amparo constitucional, disponiendo: a) Dejar sin efecto el Auto Complementario de 14 de enero de 2009, emitida por la Sala Civil Cuarta, cursante a “fs. 624” de obrados y que la misma Sala adecue sus decisiones a las normas y la propia línea jurisprudencial ordinaria y constitucional para resolver la pretensión de complementación del “recurrente”; y, b) Alternativamente, se ordene la emisión de un nuevo Auto Complementario emergente de la petición realizada ante la Sala Civil Cuarta en base al principio dispositivo.
El Juez Segundo de Partido en lo Civil y Comercial del Distrito Judicial de La Paz, Julián Sossa Serna, en informe escrito cursante a fs. 127 y vta., ratificó en audiencia, indicando que: a) En el proceso ejecutivo seguido en su Juzgado por Rodrigo Kurt Pereira Ramallo contra Mario Aníbal Guillén Piñeiro, actualmente ejecutoriado. José Luis Claros Saavedra, se apersonó conforme consta a “fs. 347 a 349”, generando se dicte el Auto de 9 de agosto de 2008, declarando “sin lugar” el incidente planteado y en aplicación del art. 3 inc. 1) del CPC, ordenó que DD.RR. proceda a la rehabilitación del Asiento B-1, Hipoteca de 13 de marzo de 2001, sobre la matrícula del folio real 2012010000245; b) La parte ejecutante solicitó complementación y enmienda, rechazada mediante Auto de 3 de septiembre de igual año y ante la negativa, planteó recurso de apelación de la Resolución principal; c) En el Auto de Vista D-06/2009, dictado por la Sala Civil Cuarta de la Corte Superior, se determinó anular obrados hasta “fs. 418 inclusive”, ordenando al Juzgador abrir término incidental de prueba y resolver el incidente conforme los fundamentos de dicha Resolución; d) Mediante memorial de “fs. 623” Rodrigo Kurt Pereira Ramallo, pidió enmienda y aclaración, mereciendo el Auto de 14 de enero de 2009, por el cual se aclaró que la “declaración de nulidad sin reposición e importa también la anulación del gravamen impuesto sobre el inmueble objeto de autos” (sic); e) En el memorial de “fs. 626-626 vta.”, el accionante pidió complementación y enmienda, siendo negada por Auto de “fs. 629”; y, f) Limitándose a dar estricto cumplimiento a las determinaciones del Tribunal de alzada que en Auto Complementario de 14 de enero de 2009, aclaró la Resolución D-06/2009, siendo una declaración de nulidad sin reposición e importa también anulación del gravamen impuesto sobre el inmueble de autos. Resolución que imposibilitó al juzgador pronunciarse y proseguir con el incidente cuestionado.
- acción de amparo constitucional,
- I.1.1. Hechos que la motivan
- a)
- I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías
- 1)
- i)
- “rechazó”
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- La notificación a José Luis Claros Saavedra con las referidas Resoluciones se practicó el 28 de ese mes y año, en su domicilio procesal
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1.
- III.2. De la inmediatez de la acción de amparo constitucional
- Ahora bien, en casos como el presente en que se interpuso con anterioridad un amparo constitucional sobre los mismos hechos, pero que en esa primera oportunidad el recurso, ahora acción, fue rechazado por cuestiones de forma o se declaró su improcedencia in límine en los casos de mediar alguna de las previsiones contenidas en el art. 96 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada; por equidad, corresponde que el plazo sea suspendido durante la sustanciación del amparo, vale decir, desde su presentación hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie,
- III.3. La complementación, aclaración y enmienda de Resoluciones
- Según la doctrina,
- “(…) en relación con el art. 15 de la Ley de Organización Judicial abrogada (LOJabrg), que establece: 'Los tribunales y jueces de alzada en relación con los de primera instancia y los de casación respecto de aquellos, están obligados a revisar los procesos de oficio, a tiempo de conocer una causa, si los jueces y funcionarios observaron los plazos y las leyes que norma la tramitación y conclusión de los procesos para aplicar en su caso las sanciones pertinentes' , facultando así a los tribunales de manera general a declarar nulos los actos procesales en los que se adviertan vicios procesales.
- III.5.1. Respecto de la inmediatez en la presente acción
- 1.-
- importaría también la anulación del gravamen impuesto sobre el inmueble.
- 2.-
- ”; es decir, hasta el Auto de 9 de agosto de 2009, que ordenó la “rehabilitación” del
- Cabe resaltar, que no habiéndose alterado en lo sustancial el Auto de Vista D-06/2009, la determinación de nulidad de obrados hasta “fs. 418 inclusive” y la apertura de término de prueba para resolver el incidente planteado por el accionante, se mantiene incólume, debiendo el Juez de origen acatar la misma en los términos dispuestos.
- De la lectura de dicha Resolución, se advierte, la existencia de una incorrecta interpretación de las Resoluciones dictadas por la Sala Civil Cuarta de la Corte Superior, dado que ninguna de ellas dispuso la restricción o limitación del derecho del accionante a intervenir en el proceso; todo lo contrario, ordenaron que el Juez a quo, resuelva el incidente conforme a procedimiento, lo que significa que, con la apertura de término probatorio las partes tienen la posibilidad de demostrar cada quien sus pretensiones y del resultado de la valoración o compulsa de los medios de prueba, el Juez Segundo de Partido en lo Civil y Comercial, declare probado el incidente, o, en su caso lo rechace, ello dependerá enteramente de la indicada autoridad, en virtud a los elementos de convicción que se tenga.
- En síntesis, el derecho de la tutela judicial efectiva, permite la defensa jurídica de todos los demás derechos mediante un proceso que se desarrolle dentro de los marcos de las garantías jurisdiccionales, procesales y constitucionales”.
- III.6. Respecto de la terminología utilizada en la parte dispositiva
- POR TANTO
- 3º CONCEDER