SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0962/2011-R
Fecha: 22-Jun-2011
II.5.
II.5. En cumplimiento del Auto de Vista D-06/2009, el Juez Segundo de Partido en lo Civil y Comercial, dictó el Auto Interlocutorio de 26 de febrero de 2009, disponiendo la apertura de término probatorio de seis días (fs. 59). Rodrigo Kurt Pereira Ramallo, el 10 de marzo de igual año, solicitó se enmiende la Resolución de “fs. 633” de 26 de febrero de ese año, debido a que el incidente planteado por el accionante, no se encontraría pendiente de Resolución y que al haberse dispuesto la nulidad de obrados hasta “fs. 418 inclusive” significa la negación de retroceso de obrados al que se encontraban antes de dictar el Auto impugnado en apelación; en proveído de 11 de ese mes, se ordenó estar al Auto de “fs. 638” (fs. 56 y vta.). De acuerdo a la numeración correspondiente al expediente original y según cursa en antecedentes la Resolución de “fs. 638” corresponde al Auto de 10 de marzo de 2009, que de acuerdo a la foliación realizada por el Tribunal Constitucional pertenece a fs. 60 de obrados.
En Auto Interlocutorio de 10 de marzo de igual año, el Juez A quo, determinó que dada la declaración de nulidad sin reposición y la nulidad del gravamen, ordenada en Auto de Vista D-06/2009 y Auto Complementario de 14 de enero, imposibilitarían al Juzgador pronunciarse y proseguir sobre el incidente cuestionado y futuras solicitudes de José Luis Claros Saavedra; y, dado que su deber es hacer cumplir las determinaciones emanadas del Tribunal de alzada, dejó sin efecto la Resolución de “fs. 637” (Auto de 26 de febrero de 2009), con la aclaración que con la providencia de “cúmplase” se notifique a las partes (fs. 60).
- acción de amparo constitucional,
- I.1.1. Hechos que la motivan
- a)
- I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías
- 1)
- i)
- “rechazó”
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- La notificación a José Luis Claros Saavedra con las referidas Resoluciones se practicó el 28 de ese mes y año, en su domicilio procesal
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1.
- III.2. De la inmediatez de la acción de amparo constitucional
- Ahora bien, en casos como el presente en que se interpuso con anterioridad un amparo constitucional sobre los mismos hechos, pero que en esa primera oportunidad el recurso, ahora acción, fue rechazado por cuestiones de forma o se declaró su improcedencia in límine en los casos de mediar alguna de las previsiones contenidas en el art. 96 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada; por equidad, corresponde que el plazo sea suspendido durante la sustanciación del amparo, vale decir, desde su presentación hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie,
- III.3. La complementación, aclaración y enmienda de Resoluciones
- Según la doctrina,
- “(…) en relación con el art. 15 de la Ley de Organización Judicial abrogada (LOJabrg), que establece: 'Los tribunales y jueces de alzada en relación con los de primera instancia y los de casación respecto de aquellos, están obligados a revisar los procesos de oficio, a tiempo de conocer una causa, si los jueces y funcionarios observaron los plazos y las leyes que norma la tramitación y conclusión de los procesos para aplicar en su caso las sanciones pertinentes' , facultando así a los tribunales de manera general a declarar nulos los actos procesales en los que se adviertan vicios procesales.
- III.5.1. Respecto de la inmediatez en la presente acción
- 1.-
- importaría también la anulación del gravamen impuesto sobre el inmueble.
- 2.-
- ”; es decir, hasta el Auto de 9 de agosto de 2009, que ordenó la “rehabilitación” del
- Cabe resaltar, que no habiéndose alterado en lo sustancial el Auto de Vista D-06/2009, la determinación de nulidad de obrados hasta “fs. 418 inclusive” y la apertura de término de prueba para resolver el incidente planteado por el accionante, se mantiene incólume, debiendo el Juez de origen acatar la misma en los términos dispuestos.
- De la lectura de dicha Resolución, se advierte, la existencia de una incorrecta interpretación de las Resoluciones dictadas por la Sala Civil Cuarta de la Corte Superior, dado que ninguna de ellas dispuso la restricción o limitación del derecho del accionante a intervenir en el proceso; todo lo contrario, ordenaron que el Juez a quo, resuelva el incidente conforme a procedimiento, lo que significa que, con la apertura de término probatorio las partes tienen la posibilidad de demostrar cada quien sus pretensiones y del resultado de la valoración o compulsa de los medios de prueba, el Juez Segundo de Partido en lo Civil y Comercial, declare probado el incidente, o, en su caso lo rechace, ello dependerá enteramente de la indicada autoridad, en virtud a los elementos de convicción que se tenga.
- En síntesis, el derecho de la tutela judicial efectiva, permite la defensa jurídica de todos los demás derechos mediante un proceso que se desarrolle dentro de los marcos de las garantías jurisdiccionales, procesales y constitucionales”.
- III.6. Respecto de la terminología utilizada en la parte dispositiva
- POR TANTO
- 3º CONCEDER