SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0962/2011-R
Fecha: 22-Jun-2011
importaría también la anulación del gravamen impuesto sobre el inmueble.
Rodrigo Kurt Pereira Ramallo (ejecutante en el proceso ejecutivo), pidió aclaración y enmienda del referido Auto de Vista; en el Auto Complementario de 14 de igual mes y año, los Vocales demandados, indicaron que al tratarse de una declaración de nulidad sin reposición, importaría también la anulación del gravamen impuesto sobre el inmueble. Extremo reiterado en informe de las autoridades demandadas, en el cual expresaron, que el Auto Complementario no modificó en lo sustancial el Auto de Vista, sino, aclaró que la nulidad dispuesta también abarca al gravamen, dado que se encontraría comprendido entre las fojas cuya nulidad se ordenó. Cabe aclarar que la referida nulidad alcanza a la orden del Juez de primera instancia respecto del restablecimiento del gravamen por Derechos Reales y no así específicamente a la nulidad del mismo sobre el inmueble, que dependerá de la determinación que asuma la indicada autoridad a momento de resolver el incidente de nulidad.
Efectuada la compulsa pertinente de los antecedentes, se advierte que el Auto de Vista D-06/2009, no impugnado en la presente acción, dado que solo se recurrió del Auto Complementario de 14 de enero de 2009; dispuso la nulidad de obrados hasta “fs. 418 inclusive” (que alcanza hasta el Auto Interlocutorio de 9 de agosto de 2008) y la apertura de término probatorio para que tanto el accionante como el ejecutante en el proceso ejecutivo, prueben o demuestren los extremos demandados por cada uno y el Juez de la causa resuelva el incidente conforme al procedimiento establecido en la norma adjetiva civil para el caso de incidentes. Determinación que de ninguna manera lesionó los derechos y garantías de los que goza José Luis Claros Saavedra, conforme la Constitución Política del Estado y las leyes, puesto que subsanó la inobservancia en la que incurrió el Juez Segundo de Partido en lo Civil.
- acción de amparo constitucional,
- I.1.1. Hechos que la motivan
- a)
- I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías
- 1)
- i)
- “rechazó”
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- La notificación a José Luis Claros Saavedra con las referidas Resoluciones se practicó el 28 de ese mes y año, en su domicilio procesal
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1.
- III.2. De la inmediatez de la acción de amparo constitucional
- Ahora bien, en casos como el presente en que se interpuso con anterioridad un amparo constitucional sobre los mismos hechos, pero que en esa primera oportunidad el recurso, ahora acción, fue rechazado por cuestiones de forma o se declaró su improcedencia in límine en los casos de mediar alguna de las previsiones contenidas en el art. 96 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada; por equidad, corresponde que el plazo sea suspendido durante la sustanciación del amparo, vale decir, desde su presentación hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie,
- III.3. La complementación, aclaración y enmienda de Resoluciones
- Según la doctrina,
- “(…) en relación con el art. 15 de la Ley de Organización Judicial abrogada (LOJabrg), que establece: 'Los tribunales y jueces de alzada en relación con los de primera instancia y los de casación respecto de aquellos, están obligados a revisar los procesos de oficio, a tiempo de conocer una causa, si los jueces y funcionarios observaron los plazos y las leyes que norma la tramitación y conclusión de los procesos para aplicar en su caso las sanciones pertinentes' , facultando así a los tribunales de manera general a declarar nulos los actos procesales en los que se adviertan vicios procesales.
- III.5.1. Respecto de la inmediatez en la presente acción
- 1.-
- importaría también la anulación del gravamen impuesto sobre el inmueble.
- 2.-
- ”; es decir, hasta el Auto de 9 de agosto de 2009, que ordenó la “rehabilitación” del
- Cabe resaltar, que no habiéndose alterado en lo sustancial el Auto de Vista D-06/2009, la determinación de nulidad de obrados hasta “fs. 418 inclusive” y la apertura de término de prueba para resolver el incidente planteado por el accionante, se mantiene incólume, debiendo el Juez de origen acatar la misma en los términos dispuestos.
- De la lectura de dicha Resolución, se advierte, la existencia de una incorrecta interpretación de las Resoluciones dictadas por la Sala Civil Cuarta de la Corte Superior, dado que ninguna de ellas dispuso la restricción o limitación del derecho del accionante a intervenir en el proceso; todo lo contrario, ordenaron que el Juez a quo, resuelva el incidente conforme a procedimiento, lo que significa que, con la apertura de término probatorio las partes tienen la posibilidad de demostrar cada quien sus pretensiones y del resultado de la valoración o compulsa de los medios de prueba, el Juez Segundo de Partido en lo Civil y Comercial, declare probado el incidente, o, en su caso lo rechace, ello dependerá enteramente de la indicada autoridad, en virtud a los elementos de convicción que se tenga.
- En síntesis, el derecho de la tutela judicial efectiva, permite la defensa jurídica de todos los demás derechos mediante un proceso que se desarrolle dentro de los marcos de las garantías jurisdiccionales, procesales y constitucionales”.
- III.6. Respecto de la terminología utilizada en la parte dispositiva
- POR TANTO
- 3º CONCEDER