AUTO CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0003/2012-CDP-SL

         La jurisprudencia constitucional a través del AC 009/2000-CDP de 20 de noviembre, refiriéndose a la calificación de daños y perjuicios estableció que debe comprender: “1) la pérdida o disminución patrimonial que haya sufrido la parte damnificada como consecuencia del acto ilegal cometido en su contra; y, 2) los gastos que el recurrente haya tenido que efectuar para lograr la reposición del derecho conculcado”, lo que significa que, en revisión de la calificación de daños y perjuicios efectuada por el juez o Tribunal de garantías, debe compulsarse si al realizar dicha calificación acreditaron efectivamente los criterios previstos para la reparación de daños y perjuicios (las negrillas son agregadas).

         En cuanto a la naturaleza jurídica del recurso -ahora acción de amparo constitucional- el AC 0009/2005-CDP de 10 de febrero, estableció que: “ha sido instituido por el Constituyente como un recurso protector en la vía preventiva y reparadora de derechos y garantías fundamentales, lo que implica que si el tribunal de amparo o este Tribunal en revisión concluyen que existió una lesión a los derechos y garantías citados, su objetivo inmediato es ordenar cese la amenaza, la restricción o supresión y; accesoriamente se podrá determinar la responsabilidad civil porque así lo instituyó el legislador en la Ley del Tribunal Constitucional, esto porque en un criterio jurídico y razonable la lesión denunciada y demostrada siempre ocasionará una pérdida patrimonial y otros gastos, los cuales deben ser demandados expresamente por la parte recurrente”, razonamiento que nos lleva a la conclusión de que cuando se conceda la acción de amparo constitucional por vulneración de derechos fundamentales, -en el caso de autos- por suspensión ilegal del cargo, los daños y perjuicios deben abarcar el pago de los sueldos o salarios y dietas devengadas, más los honorarios del abogado patrocinante de la parte accionante y las costas procesales.