SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0669/2012

            El derecho a la motivación de las resoluciones por parte de las autoridades judiciales y administrativas ha sido desarrollado ampliamente por el anterior Tribunal Constitucional, estableciendo que forma parte del derecho al debido proceso. Así, la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, expresó que: "...todo Tribunal o Juez llamado a dictar una Resolución, está obligado a exponer ampliamente las razones y citar las disposiciones legales que apoyen la decisión que ha elegido tomar"; luego la SC 0752/2002-R de 25 de junio, expresó lo siguiente: "...el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión".

            En ese orden, la SC 0969/2003-R de 15 de julio, refiriéndose a lo previsto en los arts. 73 del CPP y 61 de la LOMPabrog, sobre la obligación por parte de los fiscales de formular requerimientos y resoluciones de manera fundamentada por parte, determinó que resulta: “…de vital importancia conocer las razones y motivos por los que el Fiscal asume una determinación, sin que sea suficiente un enunciado general al efecto, dado que la función de dirigir la investigación es uno de los aspectos novedosos del nuevo modelo procesal penal y constituye una función clave en el nuevo sistema para asegurar la imparcialidad judicial y para permitir que la investigación se realice con parámetros de mayor eficiencia. De tal modo, al Fiscal le corresponde asumir diversas decisiones acerca del inicio, desarrollo y futuro de la investigación y, entre otros aspectos, resolver su continuación, decidir su suspensión u otras medidas que deben ser adoptadas en resoluciones que justifiquen y expliquen su razón de ser”.