SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1225/2013-L

La Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial -ahora Tribunal Departamental de Justicia- de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, pronunció la Resolución 35 de 6 de noviembre de 2012, cursante de fs. 569 a 571; por la que, concedió la tutela solicitada, disponiendo en consecuencia: i) La nulidad de todas las actuaciones realizadas por los demandados “dentro del Proceso Administrativo Interno de la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno, hasta el Auto de Saneamiento Procesal y Ampliación de Apertura de Proceso Administrativo Interno, a objeto de que se sustancie conforme a las normas legales que rigen la materia administrativa y respetando los derechos de legalidad, al debido proceso y de defensa” (sic); y, ii) Sea sin costas, ni multas por ser excusable; en base a los siguientes fundamentos: a) La accionante trabajó en la UAGRM desde el 2 de marzo de 2009, cuando ya existía el estatuto orgánico de esa Universidad, con la limitante de que la autoridad disciplinaria administrativa no estaba constituida, conforme al art. 85 del Estatuto Orgánico de la UAGRM  “El Tribunal de Justicia Universitaria, es el órgano jurisdiccional universitario de carácter paritario, encargado de conocer, procesar y sancionar a autoridades, docentes, estudiantes y administrativos que infrinjan las normas universitarias, sin perjuicio de las responsabilidades judiciales establecidas por las leyes de la República”; y el art. 86 del referido Estatuto Orgánico “La composición, organización, período de funciones y forma de designación del Tribunal de Justicia Universitaria, así como sus atribuciones y procedimientos, serán los que establezca el Reglamento Especial, aprobado por dos tercios de votos de los miembros presentes en el Ilustre Consejo Universitario”, por ende agotó todos sus medios legales; b) La accionante tuvo que ser actor del hecho que se le juzga, la accionante, no asumió la responsabilidad de atender este proceso administrativo, “como se le puede establecer responsabilidad” (sic); y, c) Julio Egüez Justiniano argumenta que no se puede ingresar al fondo ya que no se resolvió esa situación jurídica contra la accionante dentro del proceso administrativo, sin presentar ningún justificativo, de lo que se tiene que la acción no va dirigida a la autoridad, sino a la institución, por lo que no es atendible el razonamiento de no ser autoridades demandadas en la presente acción, habiéndose vulnerado los derechos a la legítima defensa, al debido proceso, a la “seguridad jurídica” y a la tutela judicial.