SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1478/2013
Fecha: 22-Ago-2013
i)
Los demandados en la audiencia señalaron lo que a continuación se anota: i) No existe documentación que acredite la calidad de socios de los demandantes, calidad que debieron acreditarla para presentar la acción de amparo constitucional y no lo hicieron, porque las boletas de pago y cuotas mensuales adjuntadas no prueban su calidad de socios; ii) La problemática emerge porque existen dos inmuebles independientes, el uno pertenece a los socios fundadores de la Asociación y el otro a algunos miembros de la Asociación, a sus hijos, herederos y terceros compradores que no son socios. El acta de constitución de la Asociación es de 11 de mayo de 1992, el que cuenta con su predio, posteriormente, algunos socios compraron el Centro Comercial Tarija y se comenzó a denominar Anexo al Comercial Tarija, porque actuando bajo presión se obligó a la entonces Alcaldía Municipal de Tarija, a darles una apertura y comunicación entre el predio privado de los comerciantes con el predio público que era de dicha Alcaldía, emitiéndose una resolución que determinó la vinculación física del Mercado Municipal “Gral. René Barrientos Ortuño” con el Centro Comercial Tarija, abriéndose los dos pasillos que vinculan a los dos inmuebles; iii) No puede desconocerse lo desarrollado en una asamblea y las decisiones de ella emanada. La determinación de 5 de octubre de 2012 reafirma lo resuelto el 26 de septiembre de ese año, en la que se decidió que el Anexo tenga su propia administración, mientras se aclare la unificación orgánica que operó el año 2001. En la asamblea general de socios se constató que existe un plan de trabajo para ordenar toda la documentación existente, lo que demuestra que la decisión asumida es de carácter transitorio, no siendo evidente que se hubiera operado una expulsión de socios; iv) El amparo ha sido presentado fuera del plazo de los seis meses porque la decisión sólo reafirma lo resuelto el 26 de septiembre de 2012; v) En cualquier asociación o sociedad de derecho colectivo, las decisiones se las toma por mayoría y las minoría se someten a la mayoría; además,los accionantes, no plantearon reconsideración del acta, no existe ninguna nota dirigida a la Asamblea General para que reconsidere su decisión; vi) No se les ha suprimido su calidad de socios, tampoco se les suspendió su actividad comercial ni cerrado las puertas de acceso, los ahora accionantes siguen ejerciendo su actividad comercial. El Estatuto de la Asociación no dispone que deba pagarse sereno, agua luz, quien utiliza los servicios tiene que pagarlos. Si el predio fue adquirido de manera independiente son los propietarios los que tiene que pagar el sereno respectivo y demás servicios; vii) No existe prueba que demuestre que no se les convocó a las asambleas, pues no hubo ninguna convocatoria. Tampoco existe ninguna decisión que conste en acta de directorio, menos en asamblea de socios, donde se hubiera asumido que la Asociación tiene la obligación de administrar el predio que adquirieron los accionantes; y, viii) Las actas no establecen la separación o alejamiento de la Asociación, no se pretendió expulsar a nadie, lo que se determinó es que mientras exista el reordenamiento de la documentación cada predio debe administrarse por sí mismo, por lo que finalizaron solicitando la denegatoria de la acción.
Ante las preguntas del Tribunal de garantías, el abogado de los demandados señaló que evidentemente contestaron que no existe documentación de habilitación como socios, porque la calidad de socio no se otorga con un recibo, por lo que no podían brindar ninguna información cuando no existen los documentos respaldatorios de la calidad de socios de los accionantes y si son socios tienen el derecho de asistir a las reuniones.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- 1)
- i)
- concedió
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- III. FUNDA
- III.1. La eficacia horizontal de los derechos fundamentales y el principio de razonabilidad
- establecer una línea jurisprudencial amplia y protectora con relación a los actos de particulares que tengan como consecuencia la lesión de derechos fundamentales
- los derechos fundamentales, informan de contenido no solamente la esfera pública, sino también todos los actos, cláusulas y contenidos de ámbitos privados o corporativos, en cualquiera de sus formas o constitución jurídica
- principio de aplicación directa de la Constitución”
- la validez real y material de la irradiación de los derechos fundamentales y de los valores justicia e igualdad en la vida social, es decir, en actos públicos y privados, está garantizada por el principio de razonabilidad, el cual a su vez constituye un presupuesto esencial para el ejercicio del control de constitucionalidad
- el principio de razonabilidad
- la acción de amparo constitucional a través de la cual puede controlarse las relaciones entre los particulares, poniendo freno a aquellos actos arbitrarios en los que se tengan como consecuencia la lesión de derechos fundamentales.
- la eficacia horizontal se entiende respecto de todos los derechos y no sólo en los supuestos de supuesta desigualdad o subordinación entre las partes.
- entre ellas, las relaciones ocurridas en los sindicatos y asociaciones de carácter privado, cuyas normas de regulación -estatutos y reglamentos-también deben guardar correspondencia con los mandatos constitucionales, asegurando un orden de paz y de vivir bien, orden que proscribe el uso arbitrario y discrecional de las normas que los regulan, así como los actos carentes de razonabilidad y proporcionalidad en las decisiones adoptadas al momento de conducirse, organizarse y relacionarse.
- cualquier acto ocurrido dentro del ámbito privado que tenga por consecuencia la lesión o pretenda lesionar derechos fundamentales merece la protección que brinda el amparo constitucional para lograr su restablecimiento, aún provenga de las determinaciones asumidas en asambleas o reuniones o de los niveles de dirección de la sociedad o asociación que se trate, en razón a que en un Estado de Derecho Constitucional no existen zonas exentas de control,
- III.3. La eficacia horizontal de los derechos a la libertad de asociación, al debido proceso y a la igualdad
- III.3.1. Sobre el derecho a la libertad de asociación sus dimensiones y eficacia horizontal
- consiste en la facultad de las personas para constituir agrupaciones permanentes encaminadas a la consecución de fines específicos. Puede definirse también como la facultad que tienen las personas de poner en común sus bienes, sus valores, su trabajo, su actividad, sus fuerzas individuales o cualesquier otros derechos para un fin desinteresado o no, intelectual, moral, económico, artístico, recreativo o de beneficencia”
- : “
- conlleva, para las personas que participan en ella, obligaciones y derechos vinculados a las razones de la relación, así como supone un vínculo constante en el tiempo y una intención de dotar de permanencia a la unión”
- reconocer a las personas la libertad de formar una organización jurídica de ingresar o incorporarse a una ya existente de no ingresar a ninguna, o derecho de no asociarse y de dejar de pertenecer a una institución de la que se es miembro.
- constituirá un obstáculo para su ejercicio cuando se incumplen esa reglas y normas a los que los asociados han decidido sujetarse, puesto que en la medida que quienes ingresan en una asociación oquienes desean permanecer en ella, adquieren el derecho a que las reglas y normas sobre las aceptaron participar se cumplan hasta el final, caso contrario, la alteración e incumplimiento de las normas que rigen la asociación constituirá una afectación no querida por el orden constitucional al derecho de libertad de asociación”
- (1) La dimensión individual,
- la primera
- del derecho de asociación o libertad de asociación en su dimensión colectiva
- III.3.1.1. La afectación del derecho a la libertad de asociación en su dimensión colectiva
- de forma el ejercicio del derecho de asociación o libertad de asociación en su dimensión individual,
- supone también el derecho de todo socio a permanecer en esa organización en las condiciones que fueron pactadas, trátese de una asociación, sociedad, sindicato o de cualquier otra índole y a que sus derechos no sean menoscabos por determinaciones arbitrarias o irrazonables provenientes de las instancias de dirección o de deliberación de la sociedad o asociación que se trate
- y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar
- contenidos esenciales del
- que rige a todas las instancias judiciales y administrativas, así como a las Asociaciones que deben actuar de acuerdo a sus Estatutos y Reglamentos internos, sin vulnerar los derechos de sus asociados como el derecho a la defensa, la presunción de inocencia y el principio de legalidad de los actos, buscando siempre el `vivir bien´ como un principio que se encuentra consagrado en el art. 8 del CPE”
- la igualdad, no únicamente como un valor supremo, sino también como un principio motor de todo el aparato jurídico, siempre en procura del logro de un régimen de igualdad real, donde no se reconozcan privilegios y se erradique toda forma de discriminación, consolidando los rasgos e impronta de nuestro nuevo modelo de Estado (…).
- La igualdad, además de ser un valor y un principio, es también un derecho y una garantía. Es un derecho que a su vez reivindica el derecho a la diferencia y es una garantía porque avala su ejercicio activando la tutela judicial y constitucional en caso de su violación.
- III.4. Análisis del caso concreto
- III.4.1. Consideraciones previas
- III.4.2. Sobre la Resolución de 5 de octubre de 2012, asumida en Asamblea General de Socios
- adquieren el derecho de gozar en las mismas condiciones que los otros socios de las facultades, concesiones y prestaciones que la Asociación brinda a sus asociados; por lo mismo, surge la garantía de un trato igual y no diferenciado con relación a los otros socios.
- propenderá a la unidad de todos los comerciantes minoristas brindando, protección a sus afiliados tanto en lo económico, político, social, legal,
- permiten analizar la idoneidad, necesidad y los niveles de afectación a los derechos fundamentales de sus asociados, o en su caso, de terceras personas a efectos de establecer su lesividad.
- Un entendimiento en contrario, atentaría abiertamente el Estado Constitucional de Derecho, afirmando que la sola voluntad mayoritaria de los asociados con la sola invocación de tener intereses legítimos, pueda, sin seguir los procedimientos y reglas establecidos en la Asociación, tomar cualesquier acción, como por ejemplo, cambiar el directorio, modificar estatutos, expulsar o excluir a sus socios sin un debido proceso o asumir otras decisiones administrativas.
- III.4.3. Sobre la nota de 26 de febrero de 2013
- teniendo en cuenta que la validez de los actos jurídicos de carácter privado encuentra cobijo no sólo por su correspondencia con las normas legales sino también por la observancia de los derechos fundamentales.
- CONFIRMAR en parte