AUTO CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0010/2013-O

II.5.  Cursa el Auto Supremo 263 de 12 de octubre de 2012, pronunciado por la Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, que determinó anular el Auto de Vista 258/2007, disponiendo que el Tribunal de alzada, sin espera de turno y previo sorteo, resuelva el recurso de apelación: “…de fojas 915 a 921, con la pertinencia prevista por el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil” (sic), argumentándola, entre otros: i) El derecho a recurrir un fallo adverso ante un tribunal superior, imparcial e independiente es una garantía que conforman el debido proceso legal. El art. 180.II de la CPE, reconoce y garantiza el derecho a impugnar, de igual forma lo hacen los tratados internacionales que integran el bloque constitucional; ii) Cuando existe duda acerca de las condiciones en que debe entenderse o ejercerse un derecho fundamental, los tribunales deben inclinarse por la interpretación que mejor favorezca al contenido y a la protección de los derechos. Esta opción responde al principio pro homine, según el cual corresponde interpretar una regla concerniente a un derecho fundamental del modo más favorable para la persona; iii) Advirtieron que el Tribunal de alzada, interpretó de forma restrictiva los alcances y efectos de la ratificación hecha por el Banco de Crédito de Bolivia S.A.; iv) La ratificación es el acto por el cual el representado hace suya la declaración ejecutada por el representante, en virtud a ello los efectos del acto ejecutado por el representante se refutan válidos desde el momento mismo en que se celebró, de ahí que la ratificación opera retroactivamente, considerándose válido y existente el acto celebrado por el representante desde el momento mismo de su celebración; v) El recurso de apelación interpuesto por Omar Vargas Claure en representación del Banco demandado, fue presentado dentro del término previsto por el art. 220.I inc. 1) del CPC; vi) El Tribunal de alzada, en el caso concreto, al disponer la nulidad de obrados y anular el Auto de concesión, extralimitó la facultad conferida por el art. 15 de la LOJ.1993, afectando el derecho a recurrir y el debido proceso, impidiendo que una resolución de primera instancia sea revisada por un juez o tribunal superior; y, vii) Si bien el Tribunal de garantías, a través de la Resolución 77/11, orientó a las autoridades recurridas observar la línea jurisprudencial asumida por este Tribunal a través de los Autos Supremos 412 de 26 de noviembre, 375 de 29 de octubre, 276 de 21 de agosto, 152 de 21 de mayo, y 125 de 7 de mayo, todos de 2010; empero, resulta imposible su aplicación al caso concreto por ser disímiles las situaciones que la motivaron (fs. 188 a 194).