SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0185/2014-S3
Fecha: 24-Nov-2014
III.4. Análisis del caso concreto
De los antecedentes que informan el legajo procesal se advierte que contra el accionante en calidad de representante legal de la Agencia Despachante de Aduana Pirámide, la Administración Tributaria Aduanera, emitió las Resoluciones Sancionatorias AN GROGR ULEOR 035/2013 de 22 de mayo y AN GROGR ULEOR 038/2013 de la misma fecha, mediante las cuales se mantuvieron firmes y subsistentes las multas de UFV's 1500, en los dos casos; contra dichas Resoluciones Sancionatorias, el accionante interpuso el 1 de julio de 2013, recurso de alzada, emitiendo la Directora Ejecutiva a.i. de la ARIT de La Paz, las Resoluciones de recurso de alzada ARIT-LPZ/RA 0989/2013 y ARIT-LPZ/RA 0990/2013, ambas de 7 de octubre, a través de las cuales se confirmaron las Resoluciones Sancionatorias impugnadas; posteriormente, el accionante, por memoriales presentados el 16 de octubre de 2013, solicitó aclaración y complementación de las Resoluciones emitidas en el recurso de alzada, escritos que se encontraban suscritos por la Abogada del accionante, en representación del interesado quien se hallaba impedido momentáneamente.
- acción de amparo constitucional
- Orden de Fiscalización Posterior UFIOR GRO 002/2012 de 13 de enero
- Orden de Fiscalización Posterior UFIOR GRO 003/2012 de 13 de enero
- I.1.3. Petitorio
- I.2. Trámite procesal de la acción por el Tribunal de garantías
- 1)
- concedió
- i)
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.6.
- II.7.
- II.8.
- II.9.
- II.10.
- II.12.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- Fragmento 20
- Comisión de Admisión
- En este sentido, la Comisión de Admisión de este Tribunal resolverá a través de autos constitucionales todas las causas en las que no se hubiera ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada dentro de las acciones tutelares remitidas a su conocimiento, así como las consultas suscitadas entre los jueces o tribunales de garantías respecto a determinar qué autoridad debe conocer una acción constitucional
- al impulso procesal
- principio de economía procesal que tiene como objeto evitar que el trabajo del juez se vea duplicado y que el proceso sea más rápido, consiste, principalmente, en conseguir el mayor resultado con el mínimo de actividad de la administración de justicia
- celeridad
- procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo, de oficio, los obstáculos puramente formales
- el de interpretación favorable a los derechos de la Ley Fundamental,
- según la cual se deben considerar las consecuencias que puede producir la decisión, tomando en cuenta el bien común y el interés general.
- así como de principios tales como los de celeridad y economía procesal, eficacia y eficiencia, debiendo optar por la adecuación de los formalismos procesales a las exigencias sustanciales y eventuales de las causas para el logro de los fines de los procesos constitucionales
- Fragmento 30
- Fragmento 31
- Fragmento 32
- III.2. Sobre la revisión de la actividad jurisdiccional de otros tribunales. Jurisprudencia reiterada.
- Por una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias dentro del proceso judicial o administrativo lesiona derechos y garantías constitucionales
- contiene entre sus elementos al derecho de impugnación como un medio de defensa
- III.4. Análisis del caso concreto
- desestimó
- las partes podrán solicitar la corrección de cualquier error material, la aclaración de algún concepto oscuro sin alterar lo sustancial o que se supla cualquier omisión en que se hubiera incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas
- La solicitud de rectificación y aclaración interrumpirá el plazo para la presentación del Recurso Jerárquico
- 9 de octubre de 2013
- CONFIRMAR